Partidos políticos reciben millones del Estado sin alcanzar votación significativa

Santo Domingo, República Dominicana — Durante este año, la Junta Central Electoral (JCE) realizará una distribución de fondos públicos que alcanza los 1,620 millones de pesos entre las diversas organizaciones políticas que operan en el territorio nacional. De esta cantidad significativa, aproximadamente 129.6 millones de pesos serán canalizados hacia agrupaciones que obtuvieron la menor cantidad de sufragios durante los comicios de 2024.

Treinta y tres organizaciones políticas resultarán beneficiadas con este programa de asignación de recursos, recibiendo cada una de ellas la suma de RD$3,927,272.73 de manera equitativa. Esta distribución se realiza independientemente de que la mayoría de los ciudadanos dominicanos no haya depositado su voto en favor de estas instituciones durante el proceso electoral anterior.

El mecanismo de distribución de fondos públicos hacia los partidos representa una práctica común en sistemas democráticos, sin embargo, la metodología utilizada para determinar quiénes son acreedores a estos recursos ha generado considerable debate dentro de los círculos políticos y legales del país.

Cambios en los criterios de distribución

Anteriormente, la metodología para distribuir los fondos destinados a las organizaciones políticas se basaba exclusivamente en los resultados obtenidos durante la última contienda electoral. Este procedimiento se encontraba establecido en la Ley 33-18 de Partidos Políticos, que rigió durante varios años el funcionamiento administrativo y financiero de estas instituciones.

Sin embargo, múltiples agrupaciones políticas presentaron argumentos ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) cuestionando la validez de esta metodología, alegando que los criterios utilizados resultaban injustos y discriminatorios hacia los partidos de menor envergadura.

Durante el mes de junio del año 2025, el Tribunal Superior Electoral realizó una modificación sustancial en los parámetros establecidos para la distribución de fondos. La nueva interpretación del concepto "última elección" fue ampliada significativamente, incluyendo ahora la totalidad del ciclo electoral anual completo.

Bajo este nuevo sistema de cálculo, se incorporan los resultados obtenidos en siete categorías electorales distintas: los comicios presidenciales, las elecciones senatorials, la votación para diputados, la selección de autoridades municipales, la elección de regidores, las designaciones de directores distritales y finalmente la votación para vocalías en las diferentes jurisdicciones.

Inclusión de partidos minoritarios

Esta transformación en los criterios permitió que numerosas organizaciones políticas de menor tamaño, que no alcanzaban ni siquiera el uno por ciento del total de votos emitidos, obtuvieran acceso a una porción de los fondos públicos destinados al financiamiento partidario.

Tres agrupaciones políticas específicamente —denominadas Justicia Social, Unidad Nacional y Opción Democrática— presentaron recursos legales ante el Tribunal Constitucional (TC) solicitando la anulación de este nuevo mecanismo de distribución de recursos financieros.

La respuesta del Tribunal Constitucional fue negativa a las pretensiones de estas organizaciones. Por medio de la sentencia identificada como TC/0746/2026, la máxima autoridad en materia constitucional confirmó la legitimidad y constitucionalidad del nuevo criterio establecido para la distribución de fondos públicos.

El tribunal fundamentó su decisión sosteniendo que el nuevo procedimiento respeta cabalmente los principios de igualdad, equidad y garantiza el derecho de todas las organizaciones políticas a participar de manera activa en los procesos democráticos del país.

Financiamiento de organizaciones con bajo desempeño electoral

Bajo el nuevo sistema implementado, diversas agrupaciones políticas continúan recibiendo asignaciones que rondan los cuatro millones de pesos, a pesar de que su participación en los procesos electorales fue mínima.

El Partido de Unidad Nacional obtuvo durante los últimos comicios un total de 194,750 sufragios, lo que representó el 0.97 por ciento del total de votos depositados. Por su parte, el Partido Justicia Social logró acumular 185,457 votos, equivalentes al 0.92 por ciento de la votación general.

La organización denominada Alianza País alcanzó la cifra de 132,017 votos, porcentaje que representa el 0.66 del total nacional. Estas cifras de participación electoral resultan considerablemente bajas en comparación con las principales fuerzas políticas del país.

Fuente de información: Junta Central Electoral