Santo Domingo Este — El procedimiento legal relacionado con Nancy Estervina de Jesús ha experimentado un desarrollo significativo tras la resolución judicial y las declaraciones públicas del ingeniero involucrado en los hechos que motivaron la investigación.
De conformidad con reportes anteriores, la captura de Nancy Estervina de Jesús fue realizada por funcionarios de la Ucaprec en la zona del ensanche Quisqueya, en respuesta a la orden judicial catalogada bajo el número RAJ-2026-02125.
El operativo policial estuvo bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, quien llevó a cabo múltiples semanas de indagaciones vinculadas a los hechos de violencia y el desplazamiento no consensuado de la persona afectada.
En esta fase del proceso, se ha confirmado que la víctima de estos incidentes es el ingeniero Juan Francisco López Yapor, quien comparecio públicamente acompañado de su representante legal, Héctor Quiñones, para exponer su versión de los sucesos ocurridos.
En su declaración, López Yapor expresó que un grupo de personas accedió de forma violenta a sus instalaciones empresariales situadas en la comunidad de Alma Rosa II, donde fue sometido mientras solicitaba intervención de los testigos presentes en el sitio.
Conforme a su testimonio, Nancy Estervina de Jesús estuvo presente durante estos eventos; sin embargo, no realizó acción alguna para frenar lo sucedido, pese a que un miembro del personal le pidió expresamente que auxiliara al ingeniero.
El afectado fue conducido posteriormente a una institución médica especializada, donde permaneció internado durante tres jornadas bajo régimen de medicación e inspección continua, según manifestó.
López Yapor comunicó que actualmente experimenta secuelas tanto en su aspecto físico como emocional, por lo que se encuentra en proceso continuo de asistencia terapéutica para recuperarse de lo padecido.
El letrado Héctor Quiñones anunció la presentación de una acción legal en contra de Nancy Estervina de Jesús, quien se desempeña como especialista en psiquiatría, así como contra la institución de salud que participó en estos hechos.
De acuerdo con el abogado, los análisis psicológicos practicados posteriormente determinaron que López Yapor no presentaba características clínicas que permitieran validar una reclusión sin consentimiento.
Quiñones precisó que la controversia se originó en el marco de los trámites de separación matrimonial de ambos involucrados, así como en la disputa por la propiedad de una empresa constructora cuya valoración oscila entre sesenta y setenta millones de pesos.
El abogado defensor de López Yapor adelantó que su cliente continúa avanzando en los procedimientos legales correspondientes para obtener las compensaciones y reparaciones que correspondan por los daños ocasionados.
Las autoridades judiciales mantienen activa la investigación sobre los detalles de esta situación, mientras se recaban pruebas y testimonios adicionales que permitan esclarecer completamente los hechos que originaron estos procedimientos legales.