Ministerio Público acusa terrorismo contra investigado por plan presidencial
hace 8 horas
San Francisco de Macorís, Duarte. El Ministerio Público ha interpuesto una solicitud formal de encarcelamiento preventivo por un período de tres meses en contra de Delvinson de la Cruz Sosa, quien cuenta con 29 años de edad. El ciudadano fue aprehendido bajo la imputación de supuestas intimidaciones dirigidas al presidente Luis Abinader, así como por su presunta participación en los preparativos de una acción delictiva en contra del jefe de Estado dominicano.
La petición de medida cautelar fue radicada el día miércoles cuatro de noviembre del año dos mil veintiséis ante la dependencia de la Oficina Judicial encargada de brindar Servicios de Atención Permanente en la demarcación de San Francisco de Macorís, perteneciente a la provincia Duarte. La institución que persigue penalmente le asigna al acusado presuntos actos vinculados al delito de terrorismo, además de otras contravenciones a la ley penal.
De acuerdo a las pesquisas que se adelantan actualmente, existe una investigación que guarda relación directa con un eventual complot que habría tenido como lugar de ejecución las instalaciones del Congreso Nacional de la República Dominicana. Según informaciones preliminares, los hechos objeto de investigación ocurrirían el viernes seis de noviembre, jornada en la cual la nación dominicana conmemora la festividad del Día de la Constitución, efeméride de significativa importancia para el ordenamiento jurídico nacional.
La aprehensión del investigado tuvo lugar en el transcurso del día martes tres de noviembre, durante la ejecución de un procedimiento de allanamiento y registro domiciliario practicado en una vivienda multifamiliar ubicada en la vía conocida como calle Joaquín Balaguer, en el sector denominado Vista del Valle de esta circunscripción. El domicilio donde fue localizado el sujeto constituyó el espacio de residencia del procesado hasta el momento de su captura.
El procedimiento operacional fue debidamente autorizado por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, quien otorgó la venia necesaria a petición que efectuaron los fiscales de la demarcación jurisdiccional correspondiente. Dicha autorización se enmarco dentro de las acciones investigativas que se realizan con la finalidad de esclarecer la información que ha sido recibida por los organismos especializados en materia de seguridad e inteligencia del Estado dominicano.
Los operativos de control y seguridad fueron coordinados por los cuerpos de agentes competentes en la materia, quienes actuaron bajo protocolos establecidos para casos de esta envergadura. La intervención se produjo tras recibirse reportes de actividades sospechosas que fueron comunicadas a través de los canales de denuncia disponibles en la jurisdicción.
El Ministerio Público, en su rol de ente perseguidor de la acción penal pública, ha fundamentado su petición de prisión preventiva en base a elementos probatorios recopilados durante la fase inicial de la investigación. La institución argumenta que existe peligro de fuga y que el imputado podría obstaculizar el normal desarrollo de las diligencias investigativas si permaneciera en libertad, motivo por el cual solicitó al tribunal competente que decretara la medida cautelar de encarcelamiento por el lapso de noventa días.
La audiencia de presentación del investigado y análisis de la medida cautelar fue celebrada ante los magistrados competentes, quienes escucharon los argumentos tanto de la acusación como de la defensa técnica del ciudadano aprehendido. Durante esta diligencia, la parte acusadora presentó los indicios y evidencias que sustentan la imputación de los delitos de terrorismo que se le atribuyen al procesado.
La investigación continúa en desarrollo y está siendo llevada adelante por los fiscales especializados de la provincia Duarte. Las autoridades mantienen bajo estricto resguardo toda la información relacionada con el caso, con el propósito de preservar la integridad de las pesquisas y evitar cualquier interferencia que pudiera comprometer el curso de la administración de justicia en este asunto.
Este tipo de procedimientos forma parte del fortalecimiento de los mecanismos de seguridad del Estado dominicano frente a cualquier amenaza potencial contra las instituciones y los funcionarios públicos. Las autoridades han reforzado sus protocolos de vigilancia y monitoreo en las principales sedes de los poderes del Estado, en especial durante fechas de significativa importancia cívica como lo es la conmemoración de la Constitución nacional.
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