Tribunal de Santiago impone medidas cautelares en caso de desviación de recursos para pacientes con cáncer
La magistrada Stephanie Santiago Reyes, funcionaria de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en Santiago, ha dictaminado el ingreso en establecimientos penitenciarios contra dos individuos investigados por presuntamente dirigir una organización delictiva especializada en la desviación de recursos económicos destinados al tratamiento de enfermedades oncológicas.
Según lo establecido el 30 de junio de 2026, la autoridad judicial determinó una medida de privación de libertad por dieciocho meses para Héctor Antonio Lora Cruceta y Luisa Vasiris Guzmán, clasificando simultáneamente el procedimiento como un caso de naturaleza compleja que requiere investigación profunda. Ambos imputados fueron remitidos a instituciones correccionales ubicadas en la jurisdicción santiaguera, específicamente en las sedes Rafey designadas para cada sexo.
El organismo investigador ha presentado pruebas que sustentan cargos de considerable gravedad contra los acusados. La pesquisa revela indicios de operaciones fraudulentas que involucraban la alteración de prescripciones clínicas, la falsificación de documentación médica autorizada, y prácticas de facturación duplicada dirigidas hacia el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Adicionalmente, se investiga la entrega parcial o incompleta de fármacos oncológicos a pacientes bajo tratamiento, lo que agrava significativamente los señalamientos.
La documentación del caso incluye investigaciones sobre la comercialización irregular de medicinas que fueron otorgadas como donaciones, la utilización indebida de beneficios tributarios en procesos de importación de productos farmacéuticos, y movimientos sospechosos relacionados con sustancias que se encuentran bajo control estatal. El expediente también documenta operaciones de procedimientos quirúrgicos estéticos realizados en infraestructuras médicas que presumiblemente no contaban con autorización para tales intervenciones.
Entre los comportamientos investigados se encuentran reembolsos cuestionables por concepto de desplazamientos y alojamientos, además de acciones presuntamente orientadas a sabotear infraestructura digital, la sustracción no autorizada de documentación institucional, y operaciones de ocultamiento de activos económicos. Estos elementos configuran un patrón que sugiere operaciones sistemáticas de lavado de dinero para disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos.
La decisión de la jueza Santiago Reyes considera la envergadura y complejidad de los hechos denunciados como justificación suficiente para mantener a ambos individuos bajo custodia preventiva durante el período especificado. Esta resolución representa un paso significativo en el proceso judicial iniciado por las autoridades competentes para esclarece r los pormenores de la investigación.
La medida adoptada permanecerá vigente mientras continúan las diligencias propias de la investigación penal, permitiendo a los organismos competentes recopilar evidencia adicional y fundamentar sus acusaciones formales. El tribunal ha determinado que las circunstancias del caso justifican la aplicación de medidas cautelares severas, reconociendo así el riesgo que representa para la administración de justicia cualquier movimiento de los investigados.