El Poder Ejecutivo dominicano confirmó su compromiso con la aprobación de las 18 modificaciones al Código Penal antes de su entrada en vigencia programada para el 3 de agosto. A través de un comunicado oficial, la administración gubernamental ratificó que las propuestas de reforma a la Ley 74-25 han sido depositadas ante el Congreso Nacional para su trámite legislativo.
Ricardo de los Santos, presidente del Senado de la República, formalizó personalmente el depósito de las iniciativas remitidas por el Ejecutivo, ofreciendo garantías sobre el cumplimiento del cronograma legislativo establecido. El funcionario subrayó que existe respaldo institucional para que los cambios legislativos sean sancionados dentro del plazo determinado.
De acuerdo con lo informado, el período para la presentación de observaciones y propuestas complementarias se extenderá hasta el 15 de julio a las 6:00 de la tarde, conforme a lo reglamentado en el calendario de sesiones ordinarias del Congreso.
El presidente senatorial explicó que la redacción de estas modificaciones fue producto de un extenso proceso consultivo que reunió a diversos sectores de la sociedad dominicana. Juristas especializados, académicos de distintas universidades, profesionales del periodismo y comunicadores participaron en las deliberaciones que precedieron a la formulación de estas iniciativas.
Asimismo, la consulta incluyó participación activa de representantes de organizaciones de la sociedad civil, ciudadanos interesados en fortalecer el marco legal, y miembros de órganos pertenecientes al sistema de justicia nacional. Este esfuerzo colaborativo, según indicó De los Santos, permitió realizar una evaluación integral de diversos aspectos del nuevo ordenamiento penal.
Las dieciocho propuestas de enmienda abarcan temas de considerable importancia para el funcionamiento del sistema legal. Entre los aspectos contemplados figuran disposiciones relacionadas con derechos fundamentales, garantías de libertad de expresión y protección de la libertad de prensa, así como medidas para la protección integral de menores de edad.
Adicionalmente, las modificaciones incluyen cambios orientados a optimizar la administración de justicia, fortalecer los mecanismos de lucha contra la corrupción en el ámbito estatal, y realizar ajustes técnicos en la descripción de diversos tipos de infracciones penales. Estas enmiendas buscan mejorar la aplicabilidad práctica del Código en las salas de los tribunales dominicanos.
Un aspecto central de las reformas se concentra en perfeccionar cinco disposiciones vinculadas con el derecho a informar y las garantías correspondientes a comunicadores, periodistas y medios de comunicación. Esta modificación responde a la necesidad de establecer marcos normativos que equilibren el ejercicio del periodismo con otros derechos e intereses protegidos por la ley.
Las autoridades legislativas han señalado que la aprobación oportuna de estas enmiendas es fundamental para asegurar que el nuevo Código Penal sea operativo desde el primer día de su entrada en vigor, evitando vacíos legales o inconsistencias que pudieran afectar la administración de justicia en el país. El proceso consultivo realizado garantiza que las modificaciones cuentan con el respaldo de múltiples sectores involucrados en la implementación y aplicación de la norma penal.
Ver esta publicación en Instagram
Ver esta publicación en Instagram