Santo Domingo– Representantes legales de varias familias presentaron solicitudes ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, con el objetivo de imponer medidas de coerción y reclamaciones económicas en el marco del proceso judicial relacionado con un caso ocurrido en una discoteca.
La representación legal del doctor Julino César Castillo Núñez, junto a sus hijos y Massiel Almonte, depositó formalmente la solicitud contra los imputados Antonio y Maribel Espaillat, así como contra Ana Grecia López, madre de estos.
Dentro de las acciones presentadas, los abogados solicitaron la imposición de medidas de coerción tanto personales como reales, en el contexto del proceso penal y civil que se desarrolla actualmente.
En ese sentido, la familia Castillo Ricard planteó la aplicación de garantías económicas significativas, solicitando una compensación que asciende a RD$300 millones como parte de la reparación civil.
De manera individual, el doctor Julio César Castillo también requirió el embargo de bienes por un valor estimado en RD$100 millones, como parte de las acciones legales en curso.
Por otro lado, la familia de Massiel Almonte, esposa del exbeisbolista Octavio Dotel, presentó una solicitud similar ante las autoridades judiciales.
Esta petición incluye la autorización para ejecutar embargos por RD$60 millones, además de una reclamación de indemnización que también asciende a RD$300 millones.
Ambas solicitudes forman parte de las acciones legales impulsadas por las familias afectadas, quienes buscan compensación por los daños derivados del hecho que impactó a sus seres queridos.
El proceso continúa en los tribunales, mientras las partes involucradas presentan sus argumentos y solicitudes dentro del marco establecido por la ley.
Las autoridades judiciales evaluarán las peticiones conforme avance el expediente, en una fase que incluye el análisis de medidas cautelares y reclamaciones económicas.
Este caso ha generado atención pública debido a la magnitud de las pérdidas y al alcance de las acciones legales emprendidas por los familiares de las víctimas.
Las decisiones que correspondan en esta etapa serán determinantes para el desarrollo del proceso judicial y las posibles responsabilidades civiles y penales.
Mientras tanto, las familias continúan a la espera de respuestas dentro del sistema judicial, en busca de que se establezcan las medidas correspondientes.