Estado dominicano deberá pagar RD$2,693 millones por terrenos expropiados

Santo Domingo, República Dominicana — El Estado dominicano enfrenta una obligación financiera de 2,693.9 millones de pesos relacionada con la indemnización por terrenos ubicados en la avenida José Contreras. El Tribunal Constitucional ha ratificado esta decisión, cerrando las puertas a cualquier defensa adicional del Gobierno tras identificarse un error significativo en la gestión legal del caso por parte de los abogados de Bienes Nacionales.

Los antecedentes del conflicto

Los terrenos en cuestión fueron objeto de expropiación durante el año 1988. En esa ocasión, el Gobierno nacional los declaró como bienes de utilidad pública con el propósito de ejecutar trabajos de ampliación en la avenida y para la construcción de proyectos de viviendas de carácter social destinadas a familias de recursos limitados.

Décadas después, en el sector se consolidó el residencial José Contreras, una urbanización que actualmente alberga a cientos de núcleos familiares que han establecido sus domicilios en esta zona de la capital dominicana. Los inmuebles han adquirido importancia considerable en la estructura urbana de Santo Domingo.

El reclamo y la valoración

Durante el año 2018, los herederos y sucesores legales de los propietarios originales iniciaron gestiones legales para obtener la compensación correspondiente por la expropiación de sus bienes. Las acciones judiciales resultaron en una sentencia donde se fijó el monto de la indemnización en la cifra de 2,693,994,196.50 pesos dominicanos.

Esta valoración fue considerada excesiva por parte de las autoridades estatales. Consequentemente, el Estado decidió interponer un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia para impugnar la sentencia y solicitar una revisión del monto establecido.

El error procesal que selló el destino

El recurso interpuesto por Bienes Nacionales experimentó su extinción por inactividad procesal. Esta situación se produjo porque los abogados encargados de la defensa estatal no realizaron una gestión procesal que era obligatoria durante un período de tres años consecutivos. Este incumplimiento resultó en consecuencias fatales para los intereses del Gobierno.

La Suprema Corte de Justicia emitió una resolución declarando perimido el recurso de casación. Bienes Nacionales presentó argumentaciones tratando de revertir esta decisión, pero el Tribunal Constitucional rechazó categóricamente sus planteamientos. El tribunal constitucional señaló explícitamente que la legislación vigente sí le proporcionaba al Estado un mecanismo legal disponible para continuar con su defensa, pero que esta opción no fue utilizada.

Los argumentos rechazados de la defensa estatal

La Dirección Nacional de Bienes Nacionales argumentaba que había efectuado un pago parcial de la deuda durante el año 2000. De acuerdo con lo expresado por la institución, se realizó un depósito por la cantidad de 36 millones de pesos en aquella ocasión. Bajo este razonamiento, Bienes Nacionales estimaba que el saldo remanente adeudado era considerablemente menor, específicamente de 30.5 millones de pesos, cantidad que al ser actualizada por efectos inflacionarios rondaría aproximadamente los 120 millones de pesos.

Además, la institución estatal cuestionaba la metodología utilizada en la tasación de los terrenos. Según sus argumentaciones, la valoración incluía el costo de obras de infraestructura pública tales como calles, aceras y sistemas de alumbrado público. Sin embargo, el tribunal constitucional no procedió a examinar estas observaciones en profundidad. La perención del recurso efectivamente cerró toda posibilidad de que estas objeciones fueran consideradas en el análisis judicial.

Implicaciones para los residentes y el erario público

Es importante señalar que la sentencia confirmada por el tribunal constitucional no implica una validación o confirmación de la exactitud de la tasación realizada. La decisión únicamente constata que el Estado perdió la oportunidad procesal de presentar argumentos en contra del monto establecido y de impugnar la metodología empleada en su cálculo.

El pago de esta indemnización provendrá de los fondos del tesoro nacional y de los recursos financieros destinados al funcionamiento del aparato estatal. Esta obligación financiera representa una carga significativa para las arcas públicas dominicanas.

La situación evidencia la importancia crítica de la gestión adecuada de los procesos legales en los que participa el Estado, particularmente cuando se encuentran en juego cantidades considerables de dinero público.