Dos demandas revelan disputa inversiones cannabis Puerto Rico

Ponce, Puerto Rico – Una controversia comercial de considerable magnitud ha salido a la luz pública a través de dos acciones judiciales interpuestas por William Noel Rivera Sánchez, quien reclamaba compensación económica por inversiones realizadas en operaciones de dispensarios de cannabis medicinal. Los demandados eran el abogado Luis A. Quiñones González y el exactivista Félix Plaud de Choudens, ambos individuos que perdieron la vida el 23 de octubre en circunstancias que las autoridades continúan investigando en la región sur puertorriqueña.

De acuerdo con información divulgada por medios especializados, los expedientes judiciales examinados dan cuenta de desacuerdos comerciales que se originaron en el año 2021. Las demandas reflejan inversiones declaradas por Rivera Sánchez que oscilaban entre 100,000 y 161,000 dólares en dos procedimientos legales separados. El querellante argumentaba que tales aportaciones económicas no produjeron los beneficios que había sido prometidos en los acuerdos iniciales.

La situación adquirió dimensiones más complejas cuando Rivera Sánchez compartió material audiovisual a través de plataformas digitales, en el cual hacía referencias a los acontecimiento que involucraban a Quiñones González y Plaud de Choudens. Posteriormente, autoridades descubrieron sin vida a Rivera Sánchez en una propiedad ubicada en Santa Isabel, lo que transformó el asunto en un caso de investigación criminal con múltiples aristas que permanecen bajo escrutinio de las fuerzas del orden.

Primera acción legal por inversión de cien mil dólares

El primer procedimiento judicial fue presentado el catorce de febrero del año dos mil veinticinco ante el Tribunal con jurisdicción en San Juan. En esta demanda, Rivera Sánchez reclamaba contra Plaud de Choudens, su progenitora Estrella de Choudens Colón, y la entidad comercial denominada Victory Research & Development, entre otras partes involucradas.

Conforme a lo expresado en la documentación oficial del caso, el vínculo comercial entre las partes se habría iniciado el dos de octubre del año dos mil veintiuno. En aquella ocasión, Rivera Sánchez asegura haber transferido inicialmente la suma de cinco mil dólares con el propósito de adquirir participación accionaria en la estructura empresarial que se dedicaba al cultivo, procesamiento y distribución de productos derivados del cannabis con fines medicinales.

Los documentos judiciales revelan que existieron múltiples transacciones económicas posteriores a ese depósito inicial. Rivera Sánchez expresaba en su demanda que había realizado contribuciones adicionales con la expectativa de obtener rendimientos y participación en las ganancias de las operaciones comerciales. Sin embargo, sostiene que jamás recibió información detallada sobre el desempeño financiero de la empresa ni acceso a estados contables que respaldaran el uso de sus fondos.

La reclamación planteaba que el convenio establecía claramente que Rivera Sánchez tendría derecho a supervisar la administración de sus recursos y a recibir reportes periódicos. El demandante afirmaba que tales disposiciones nunca fueron cumplidas de manera satisfactoria, generando un ambiente de incertidumbre respecto al destino real de sus inversiones.

Segunda demanda con monto de ciento sesenta y un mil dólares

El segundo procedimiento legal presentado por Rivera Sánchez implicaba una cantidad considerablemente superior. Esta acción se dirigía específicamente contra Luis A. Quiñones González, quien actuaba como profesional del derecho asistiendo las gestiones empresariales relacionadas con la industria del cannabis medicinal en Puerto Rico.

Según la documentación judicial, Quiñones González habría recibido instrucciones de Rivera Sánchez para gestionar ciertas operaciones y facilitar la estructuración de inversiones en el sector. Rivera Sánchez alegaba que Quiñones González incumplió con sus obligaciones profesionales y que las transacciones bajo su supervisión no generaron los resultados económicos que habían sido proyectados inicialmente.

La magnitud de esta segunda reclamación, que superaba los ciento sesenta mil dólares, sugiere que las inversiones canalizadas a través de Quiñones González representaban una porción significativa del patrimonio que Rivera Sánchez había comprometido en diferentes proyectos empresariales del sector cannábico medicinal.

Ambas demandas compartían un denominador común: la alegación de que los fondos no habían sido utilizados conforme a los términos acordados originalmente. Rivera Sánchez solicitaba en ambos casos no solo la devolución de sus inversiones, sino también compensación por concepto de daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contratos y responsabilidades profesionales.

Investigación en curso por los hechos del veintitrés de octubre

El veintitrés de octubre de este año marcó un punto de inflexión dramático en esta historia de conflictos comerciales. En esa fecha, tanto Quiñones González como Plaud de Choudens fallecieron en circunstancias que permanecen bajo investigación activa por parte de las autoridades competentes de Puerto Rico.

Los hechos ocurrieron en la región sur de la isla, zona que ha sido foco de atención de las agencias de seguridad. Las autoridades han mantenido reserva sobre detalles específicos de lo ocurrido, aunque Rivera Sánchez distribuyó contenido audiovisual en redes sociales que parecía hacer referencia a estos eventos.

Posteriormente, Rivera Sánchez fue localizado sin vida en una residencia ubicada en el municipio de Santa Isabel. Este descubrimiento transformó el asunto de una disputa comercial en un caso de investigación criminal que ha generado considerable preocupación y atención mediática en toda la isla.

Las autoridades continúan recolectando evidencia y entrevistando a testigos potenciales para esclarecer los detalles de lo que sucedió. Los expedientes judiciales relacionados con las demandas comerciales forman parte ahora del contexto investigativo que las autoridades están evaluando.

Este caso complejo ilustra las tensiones que pueden surgir en operaciones empresariales relacionadas con la industria emergente del cannabis medicinal en Puerto Rico, así como las consecuencias potencialmente graves cuando disputas comerciales se entrelazan con circunstancias trágicas que requieren intervención de las autoridades de seguridad y justicia.