Dominicano se declara culpable por usar identidad ajena para obtener ayudas SNAP

Boston, Massachusetts, Estados Unidos – Un nacional de República Dominicana identificado como Erpawi Roque Collado, de 54 años de edad, reconoció públicamente su culpabilidad el viernes 30 de octubre de 2026 por haber incurrido en el delito de suplantación de identidad para acceder de manera fraudulenta a un monto de US$24,128 en prestaciones del programa de alimentación en la jurisdicción de Massachusetts.

La oficina de la Fiscalía federal con sede en el Distrito de Massachusetts emitió un comunicado oficial confirmando que Roque Collado aceptó plenamente su responsabilidad penal respecto a la obtención ilícita de beneficios correspondientes al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido popularmente como SNAP, así como por malversación de fondos públicos destinados a dicho programa.

Conforme a lo establecido por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el individuo procedente del territorio dominicano se valió de documentación y datos personales sustraídos pertenecientes a una persona de ciudadanía estadounidense originaria de Puerto Rico para recibir ilícitamente prestaciones económicas específicamente designadas para la adquisición de productos alimentarios a lo largo de un lapso que superó los ocho años consecutivos.

Período de defraudación abarcó casi una década

De conformidad con los registros que obran en poder de las autoridades investigativas, Erpawi Roque Collado realizó la obtención fraudulenta de la cantidad de US$24,128 correspondiente a beneficios del programa SNAP durante el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2016 y el mes de mayo del año 2025, haciendo uso de los sistemas administrativos de distribución de asistencia que operan bajo la jurisdicción del estado de Massachusetts.

Las dependencias encargadas de la investigación a nivel federal identificaron al acusado como un residente establecido en la ciudad de Boston que contaba con nacionalidad dominicana y que poseía el estatus legal de residente permanente dentro del territorio de los Estados Unidos de América.

Durante el período investigativo, los funcionarios federales pudieron establecer documentalmente la naturaleza del fraude y la metodología empleada por el sindicado para perpetuar este delito de fraude gubernamental durante los años que se extienden entre 2016 y 2025.

Investigación mantiene privacidad de la víctima

Los documentos correspondientes al caso penal indican que la información sobre la identidad específica del ciudadano puertorriqueño cuya identidad fue objeto de suplantación permanece bajo protección conforme a los protocolos establecidos por las autoridades federales de justicia.

Asimismo, el informe oficial distribuido por parte de la Fiscalía no ha revelado públicamente los pormenores relacionados con la forma específica mediante la cual Roque Collado logró acceder a los datos personales, números de identificación y demás información confidencial del residente puertorriqueño afectado por este incidente delictivo.

Las autoridades competentes han mantenido reserva sobre los detalles operacionales de cómo se llevó a cabo la sustracción de identidad, información que permanece siendo parte de los registros confidenciales de la investigación federal en curso.

Caso integra investigaciones más amplias sobre fraude

La investigación y procesamiento penal en contra de Erpawi Roque Collado forma parte de una iniciativa más amplia llevada a cabo por las autoridades federales respecto a la identificación, persecución y enjuiciamiento de individuos que utilizan identidades ajenas para acceder ilegítimamente a programas de asistencia social y prestaciones gubernamentales.

El Departamento de Justicia ha intensificado sus operativos de vigilancia y control administrativo dirigidos hacia la detección de fraudes relacionados con suplantación de identidad en el contexto de programas de asistencia alimentaria, de salud y otras prestaciones de carácter público.

Este caso representa uno de los múltiples incidentes que han sido identificados y procesados durante los últimos años en jurisdicciones como Massachusetts, reflejando la magnitud del problema de fraude en programas federales de asistencia social administrados a nivel estatal y local.

La aceptación de culpabilidad por parte del acusado evita la celebración de un juicio penal, permitiendo que el sistema de justicia federal proceda con la fase de sentencia, donde se determinará la penalidad correspondiente conforme a las disposiciones del código penal federal vigente.