Un ciudadano dominicano residente en Baltimore fue deportado hacia la República Dominicana tras ser víctima de una presunta estafa digital que lo dejó sin representación legal durante su proceso migratorio ante el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
El caso fue relatado por Judith, ciudadana estadounidense y esposa del afectado, quien explicó que decidió contratar asistencia legal cuando su pareja se encontraba bajo custodia de las autoridades migratorias.
Según su testimonio, la familia realizó pagos que ascendieron a casi 9 mil dólares, dinero que fue obtenido mediante préstamos, sin llegar a conocer en persona a los supuestos abogados encargados del caso.
Judith indicó que los individuos le hacían creer que el proceso avanzaba de manera favorable, enviándole documentos aparentemente oficiales que, posteriormente, resultaron contener irregularidades, incluyendo firmas atribuidas a un juez que no correspondían a procedimientos reales.
La situación se agravó cuando su esposo fue deportado sin haber contado con una defensa legal efectiva, lo que confirmó que el proceso había sido una simulación.
Desde la República Dominicana, Darwin, el afectado, expresó vía telefónica que llegó al país el 15 de abril, manifestando sentimientos de tristeza tras la separación familiar y las circunstancias en que ocurrió su deportación.
La esposa señaló que el impacto no solo fue económico, sino también emocional, ya que ambos habían emigrado con la intención de construir una vida estable en Estados Unidos.
Un abogado migratorio consultado sobre el caso advirtió que este tipo de estafas no es aislado, indicando que existen ofertas engañosas relacionadas con procesos migratorios y supuestas gestiones legales inexistentes.
El especialista recomendó verificar siempre que los abogados estén debidamente autorizados y, de ser posible, buscar una segunda opinión antes de realizar pagos o iniciar trámites.
La denuncia fue presentada ante la policía del condado de Baltimore, donde se mantiene abierta una investigación sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, la familia continúa intentando recuperar el dinero transferido a los presuntos responsables.
El caso ha generado atención por el impacto que este tipo de situaciones tiene en familias migrantes, especialmente aquellas con recursos limitados.
Las autoridades reiteran la importancia de acudir únicamente a profesionales certificados para evitar fraudes en procesos legales.
Se espera que las investigaciones permitan identificar a los responsables y prevenir casos similares en el futuro.