Tribunal ordena prisión preventiva a Rafaela Carpio Báez en Higüey
hace 6 horas
El Tribunal de Atención Permanente de La Altagracia determinó este martes imponer una medida cautelar de tres meses en régimen de prisión preventiva en contra de Rafaela Carpio Báez, una ciudadana de veintisiete años de edad. La acusada se encuentra siendo investigada por su participación en el incidente que resultó en el fallecimiento de Yafreisy Martínez Areche, mujer de treinta y seis años que fungía como su cuñada, en circunstancias que aún están siendo esclarecidas por las autoridades competentes.
De conformidad con la resolución judicial dictada en la capital altagraciana, Rafaela Carpio Báez debe cumplir su medida cautelar dentro de las instalaciones del centro penitenciario público destinado a la población femenina ubicado en el municipio de Higüey. Simultáneamente, la institución del Ministerio Público mantiene activo el proceso de investigación y recopilación de evidencias tendentes a establecer con precisión todas las circunstancias y detalles relacionados con el caso que ocurrió en el distrito municipal conocido como La Otra Banda.
En declaraciones ofrecidas por el abogado patrocinador de la familia de la víctima, identificado como Ramsés Minier Cabrera, manifestó que durante la audiencia se solicitó al tribunal una medida de seis meses de prisión preventiva para la investigada. Sin embargo, tras considerar los argumentos presentados por ambas partes y la evidencia aportada al proceso, el funcionario judicial determinó establecer la medida cautelar por un período de tres meses, cifra inferior a la originalmente solicitada por la parte demandante.
Durante la celebración de la audiencia judicial, fue incorporado al procedimiento el testimonio de un menor de edad mediante el sistema de Cámara Gesell, quien presuntamente fue testigo directo de los hechos que se investigan. Este menor presentó su versión de los eventos desde una sala de protección especialmente acondicionada para garantizar su seguridad psicológica y emocional durante su participación en el proceso. La comparecencia del menor había motivado que una sesión anterior fuese reprogramada a fin de permitir que se llevara a cabo esta diligencia fundamental.
El procedimiento de Cámara Gesell constituye un mecanismo establecido en la legislación procesal dominicana que permite recopilar declaraciones de menores de edad bajo condiciones extraordinarias de resguardo y protección, evitando así posibles traumas derivados de su participación en procesos judiciales de naturaleza delicada. Esta herramienta garantiza que los testimonios sean obtenidos manteniendo la integridad emocional del menor testigo.
Conforme a los datos que obran en el expediente judicial, el incidente objeto de investigación tuvo lugar durante la noche del sábado veintiséis de septiembre en el sector conocido como La Otra Banda, perteneciente al municipio de Higüey. En esa oportunidad, las dos mujeres protagonizaron un enfrentamiento cuyas causas originarias siguen siendo materia de análisis por parte de los investigadores responsables del caso.
Yafreisy Martínez Areche sufrió una lesión provocada por un objeto cortante en una de sus extremidades inferiores durante el alterado con Rafaela Carpio Báez. Como consecuencia de la herida recibida y complicaciones derivadas de la misma, la víctima posteriormente perdió la vida. El peritaje practicado a los restos y toda la documentación médica relacionada con el fallecimiento continúa siendo analizada por los fiscales asignados al caso con el propósito de establecer el nexo causal entre la lesión sufrida y el desenlace fatal.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en La Altagracia ha mantenido abierto el expediente mientras se completan todas las diligencias propias de la investigación preliminar. Los fiscales esperan poder determinar con exactitud las responsabilidades penales de los involucrados una vez se concluya con toda la recopilación de pruebas y testimonios pertinentes al caso.
La medida de prisión preventiva ahora en vigor permanecerá vigente por noventa días, período durante el cual se espera que el Ministerio Público pueda concretar las investigaciones necesarias. Al término de estos tres meses, el caso será presentado nuevamente ante las autoridades judiciales correspondientes para que determinen si continúa la medida cautelar, se sustituye por otra de menor rigor, o si procede a otra alternativa dentro de lo que establece el marco legal dominicano para estos supuestos.
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