Tribunal ordena medidas cautelares contra propietario de parque mecánico Hato Mayor

Hato Mayor, República Dominicana — Un tribunal de la jurisdicción dominicana ha establecido disposiciones legales significativas en contra de Simón María Estévez Ramos, administrador y propietario de las instalaciones conocidas como Ciudad Mecánica, en relación con un suceso traumático que ocurrió durante las festividades patronales que se celebraban en la provincia de Hato Mayor del Rey. La jueza encargada de conocer el caso, Elizabeth Alcalá Valencia, perteneciente al Tribunal de Atención Permanente, dictaminó estas medidas cautelares después de evaluar los pormenores del incidente.

El acontecimiento en cuestión tuvo lugar durante la noche del viernes correspondiente al dieciocho de septiembre del presente año, cuando una de las unidades del juego mecánico denominado popularmente como "La Estrellita" experimentó un desprendimiento mientras se encontraba en funcionamiento. En ese momento, la atracción transportaba a tres menores de edad, siendo dos de ellas hermanas entre los once y trece años de edad. El incidente generó lesiones graves en las menores, requiriendo intervención médica inmediata.

La menor identificada como Liranyi Reyes Puello presentó complicaciones severas como consecuencia del incidente y fue trasladada hacia un centro hospitalario especializado. Posteriormente, luego de permanecer bajo vigilancia médica constante en las instalaciones del hospital pediátrico doctor Hugo Mendoza, localizado en Santo Domingo Norte, la menor Liranyi falleció a causa de las heridas sufridas durante el suceso.

Durante la audiencia celebrada ante el tribunal competente, el representante del Ministerio Público, identificado como Daniel Robles Nivar, solicitó formalmente al órgano judicial que ordenara una medida preventiva de naturaleza carcelaria con una duración de tres meses en contra del acusado Estévez Ramos. No obstante, la magistrada encargada del caso estimó pertinente no acoger la petición formulada por la Fiscalía en los términos exactos que fue presentada.

En su lugar, la jueza Elizabeth Alcalá Valencia estableció un conjunto de medidas alternativas que considera suficientes para garantizar la comparecencia del acusado y la seguridad del procedimiento judicial. Entre las disposiciones ordenadas se encuentra una garantía económica equivalente a un millón de pesos dominicanos, cantidad que deberá garantizarse a través de una institución aseguradora debidamente autorizada por las autoridades competentes.

Adicionalmente, el tribunal impuso la obligación de presentación periódica del acusado ante la Fiscalía de la República, estableciendo así un mecanismo de control y vigilancia que permitirá monitorear el cumplimiento de las medidas decretadas. Asimismo, fue dictado un impedimento de salida del territorio nacional, prohibiendo expresamente a Simón María Estévez Ramos abandonar las fronteras dominicanas durante el transcurso del proceso penal en su contra.

La decisión judicial refleja un balance entre la necesidad de garantizar la seguridad pública y las consideraciones legales respecto a medidas preventivas más restrictivas. El Ministerio Público continuará con la investigación exhaustiva de los hechos, recopilando pruebas periciales y testimoniales que permitan esclarecer las circunstancias exactas que propiciaron el incidente en el juego mecánico.

Las investigaciones preliminares sugieren que se requiere un análisis técnico detallado de las condiciones de operación y mantenimiento de la atracción mecánica en el momento del incidente. Las autoridades competentes han iniciado procedimientos para determinar si existieron deficiencias en los protocolos de seguridad o incumplimientos en las normativas establecidas para el funcionamiento de parques de diversiones.

Este caso ha generado considerable atención en la comunidad de Hato Mayor y en el territorio nacional, reabriendo el debate sobre la seguridad en instalaciones de entretenimiento y diversión. Las autoridades regulatorias correspondientes están evaluando los procedimientos de inspección y certificación aplicables a establecimientos similares en todo el país.

La familia de la menor fallecida ha manifestado su interés en participar activamente en el proceso legal, ejerciendo sus derechos como víctimas dentro del sistema de justicia dominicano. Distintas organizaciones de defensa de derechos han expresado preocupación respecto a la seguridad de menores de edad en espacios de entretenimiento público.

El tribunal mantendrá el seguimiento del caso durante las fases subsecuentes del proceso penal. Se espera que la investigación aporte claridad sobre las causas técnicas y operacionales que condujeron a este lamentable incidente. Mientras tanto, Simón María Estévez Ramos deberá cumplir estrictamente con las disposiciones cautelares impuestas por la magistrada Elizabeth Alcalá Valencia, incluyendo el depósito de la garantía económica y las presentaciones periódicas ante el Ministerio Público.