Tribunal condena Lili La Picúa a 20 años prisión San Francisco

San Francisco de Macorís, Duarte, República Dominicana — Un tribunal de la provincia Duarte ha impuesto una condena de 20 años de prisión a Lilibeth Mendoza, identificada públicamente como "Lili La Picúa", luego de ser hallada responsable penalmente en el caso relacionado con el fallecimiento de Ricardo Frías García, conocido como "Ricardito". La resolución judicial fue pronunciada durante la sesión de este martes, marcando el cierre de una etapa significativa en este proceso que ha mantenido la atención de las autoridades judiciales dominicanas.

El procedimiento judicial que culminó con esta sentencia se originó a partir de un incidente ocurrido durante las primeras horas de la madrugada del 30 de abril de 2025, específicamente en la cabaña Sabel, un establecimiento situado en la carretera que conecta San Francisco de Macorís con la localidad de Villa Tapia. Durante este evento, Ricardo Frías García perdió la vida en circunstancias que involucraron un enfrentamiento con intercambio de fuego. Además de "Ricardito", otra persona identificada como Deivinson Torres, quien utilizaba el alias "38", resultó también involucrada en los hechos y posteriormente fue procesada por las autoridades competentes.

La investigación llevada a cabo por los organismos de seguridad del Estado recopiló diversas versiones de los hechos durante el expediente. Según la declaración de Deivinson Torres ante los investigadores, fue Mendoza quien lo contactó para que se presentara en el establecimiento mencionado. Torres alegó que una vez en el lugar, fue sorprendido por "Ricardito" y otras personas que se encontraban en el sitio, lo cual constituyó parte fundamental de las pruebas evaluadas por el tribunal durante los meses de instrucción.

Por su parte, Lilibeth Mendoza mantuvo una postura consistente de negación respecto a las imputaciones presentadas en su contra a lo largo de todo el proceso. Desde los primeros momentos en que fue formulada la acusación, "Lili La Picúa" insistió en que no había participado en ninguna acción preplanificada dirigida contra Ricardo Frías García. Sus abogados defensores presentaron argumentos orientados a demostrar su inocencia en relación con los hechos que motivaron la investigación inicial.

El recorrido del expediente a través del sistema judicial dominicano comenzó en el mes de mayo de 2025, apenas unos días después de los hechos registrados en la cabaña Sabel. Una corte provincial de Duarte dictaminó en esa oportunidad una medida de prisión preventiva por un plazo de tres meses tanto para Mendoza como para Torres, mientras continuaban las diligencias de investigación que permitirían esclarecer completamente lo sucedido en aquella madrugada.

El procesamiento contra Lilibeth Mendoza avanzó de manera progresiva a través de los distintos niveles del sistema judicial. Durante el mes de noviembre de 2025, el Juzgado de Instrucción de la jurisdicción competente tomó la decisión de enviar el caso a una etapa de juicio de fondo, permitiendo que se desarrollara un procedimiento contradictorio donde ambas partes pudieran presentar sus evidencias y argumentos de manera más amplia y detallada ante un tribunal de sentencia.

La situación procesal de Deivinson Torres, por el contrario, tomó un derrotero distinto durante el desarrollo de las investigaciones. Las autoridades judiciales decidieron modificar la medida de coerción impuesta contra este individuo, lo que permitió que su expediente continuara siguiendo los trámites correspondientes bajo acusación de hechos que las autoridades mantienen en evaluación. Mientras tanto, el tribunal que conocía del caso de Lilibeth Mendoza completó su análisis de pruebas y testimonios, culminando en la sentencia condenatoria de los 20 años de privación de libertad que fue comunicada públicamente este martes.

Este fallo judicial representa un punto de cierre significativo en una investigación que ha requerido meses de trabajo coordinado entre las distintas instituciones del sistema de justicia dominicano. La sentencia ha sido recibida con atención tanto por las autoridades como por la comunidad local de San Francisco de Macorís, donde ocurrieron los hechos que motivaron esta acción legal. Las partes involucradas en el proceso tendrán la oportunidad de ejercer los derechos que le corresponden conforme a las disposiciones del código procesal penal vigente en la República Dominicana.