Senadores dominicanos vinculados a empresas con contratos estatales

hace 4 horas

Santo Domingo, República Dominicana — Investigaciones en los registros públicos han puesto de manifiesto que diversos miembros del Senado dominicano figuran como socios de organizaciones empresariales que han obtenido importantes asignaciones contractuales del aparato estatal.

Esta práctica era permisible bajo la legislación anterior. La Ley 340-06 únicamente impedía la contratación si el legislador poseía más del 10% de las acciones de la empresa. Sin embargo, la recientemente aprobada Ley 47-25 ha modificado sustancialmente este panorama al eliminar completamente ese umbral porcentual. Actualmente, cualquier tipo de participación accionaria de un funcionario electo en una entidad proveedora de servicios al Estado se encuentra prohibida.

El caso más relevante: Moisés Ayala Pérez

El ejemplo más sobresaliente corresponde a Moisés Ayala Pérez, representante legislativo de la provincia de Barahona. Los registros públicos indican que este senador posee participación accionaria en Eco Petróleo Dominicana, una empresa especializada en el sector energético.

Conforme a la información disponible en el portal de Contrataciones Públicas, Eco Petróleo ha sido adjudicataria de no menos de 386 asignaciones contractuales por un monto agregado de RD$1,902,641,132. La totalidad de estos contratos se formalizaron a partir de enero de 2021.

Ayala ingresó a la Cámara de Diputados el 16 de agosto de 2020. Transcurridos cinco meses después de su incorporación al órgano legislativo, el Ejército Nacional procedió a otorgarle a Eco Petróleo un contrato valorado en RD$17,570,647.

En su declaración jurada de bienes, el senador registró la posesión de 65,000 acciones de Eco Petróleo. Según sus manifestaciones, tales acciones fueron adquiridas durante los años 2010 y 2013 por un desembolso total de RD$6.5 millones.

Esta cantidad aparentemente representaba una participación inferior al 10% del capital social total de la empresa. Esta circunstancia permitía que Eco Petróleo continuara participando en procesos de contratación estatal sin interferencias legales bajo la normativa que estuvo vigente anteriormente.

Es relevante destacar que doce contratos adicionales suscritos por Eco Petróleo, con un valor conjunto de RD$25,806,100, no se encuentran amparados por las disposiciones del régimen transitorio. Estas asignaciones corresponden a procesos de licitación que fueron abiertos durante el año 2026.

Otros legisladores bajo escrutinio

La investigación también ha identificado a otros miembros del Senado cuyas empresas han mantenido vínculos contractuales con instituciones gubernamentales.

Ginette Bournigal, senadora electa por Puerto Plata, declaró durante 2024 la tenencia de participaciones accionarias en Turinotv, SRL. Llamativamente, esta empresa no figuraba en sus declaraciones juradas presentadas en 2016 ni en 2020.

Turinotv ha sido receptora de contratos vinculados con servicios de publicidad estatal, específicamente del Ministerio de Turismo y de la Dirección de Prensa del Presidente. El monto total de estas asignaciones contractuales ascendió a RD$535,000.

Por su parte, Antonio Marte, legislador que representa a Santiago Rodríguez en el Senado, aparece como accionista de Asetran, SRL. Esta organización empresarial ha logrado obtener un mínimo de ocho contratos cuyo valor agregado alcanza los RD$793,099.

Implicaciones de la nueva normativa

La aprobación de la Ley 47-25 marca un punto de inflexión significativo en la regulación de conflictos de interés en la función pública dominicana. Al eliminar completamente la tolerancia de participaciones accionarias de funcionarios electos en empresas proveedoras del Estado, la nueva legislación busca fortalecer los mecanismos de transparencia y combatir posibles irregularidades en los procesos de contratación.

Estas revelaciones documentan un período anterior a la entrada en vigencia de las nuevas restricciones, pero abren importantes interrogantes sobre la supervisión y fiscalización de conflictos de interés en administraciones anteriores.

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