Se trata del chofer Franklin Nin Pérez

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En una actualización del caso, el Tribunal de Tránsito modificó hoy la medida preventiva para Franklin Nin Pérez, conductor del autobús involucrado en el trágico accidente en el Bulevar Turístico del Este, provincia de La Altagracia, donde fallecieron cinco turistas y 47 resultaron heridos.

El abogado de la defensa, Emmanuel Rivera Rodríguez, explicó que el juez determinó que el imputado cumple los requisitos para la variación de la prisión preventiva, según lo estipulado en los artículos 226, numeral 1, 2, 3 y 4.

El juez estableció una garantía económica de un millón quinientos mil pesos a través de una compañía aseguradora, además de la prohibición de salida del país. Los garantes de Nin Pérez son su hermano, Ángel Nin Pérez, y Leonte Torres, regidor y líder del transporte.

"Consideramos que la decisión del juez fue adecuada, dado que el imputado ha estado en prisión durante 10 meses y tres días", expresó Rivera Rodríguez.

De acuerdo con la ley 63-17, la pena mínima por casos con víctimas mortales es de un año, mientras que la máxima es de tres años. "No importa la cantidad de personas fallecidas, es la ley la que establece estas disposiciones", añadió el abogado.

Rivera Rodríguez argumentó que el juez entendió que el conductor ha cumplido un tiempo suficiente en prisión, ya que el Ministerio Público presentó su acto conclusivo y se presentaron las querellas. En este punto, considera que no hay razón para que su cliente continúe en prisión preventiva, ya que es una medida "excepcional".

Por otro lado, el abogado de 29 de las víctimas, Carlos de Jesús Herrera, se opuso a la modificación de la medida. Para él, la liberación de Nin Pérez crea un quiebre en el contrato social, ya que se ha minimizado la gravedad del incidente.

Además, Herrera destacó que en el accidente estuvieron involucrados 51 pasajeros y cinco personas fallecieron, además de las numerosas personas que sufrieron lesiones graves y amputaciones, lo cual calificó como lamentable.

Adicionalmente, se anunció que la audiencia preliminar del caso ha sido pospuesta para el 11 de octubre. Según Rivera Rodríguez, el retraso se debe a que las víctimas, en su mayoría extranjeras, presentaron una querella contra el Ministerio de Turismo, la cual fue notificada hace dos días.

El abogado explicó que el Artículo 299 del código establece un plazo de cinco días para que la parte acusada responda a la querella, plazo que aún no se ha cumplido.

Rivera Rodríguez mencionó que el Ministerio de Turismo estuvo presente en la audiencia, pero no estaba preparado para presentar su defensa debido a la reciente notificación de la querella. Por lo tanto, solicitaron al juez Gregorio Torres Spencer que se les permitiera tiempo para responder adecuadamente a las querellas y acusaciones.

Cuando se le preguntó al abogado del Ministerio de Turismo sobre el caso, se limitó a decir que aún no podía hacer referencia al mismo.