Santiago Matías exige al Gobierno cambios en reforma penal

Santo Domingo, República Dominicana — El empresario y presidente ejecutivo de Alofoke Media Group, Santiago Matías, presentó un plazo de 48 horas dirigido a las autoridades gubernamentales respecto a la supresión de los artículos 308 y 310 contemplados en la propuesta de modificación del Código Penal dominicano.

Esta exigencia se enmarca dentro de un intenso debate nacional sobre las garantías fundamentales de libertad de expresión y la capacidad de los ciudadanos para compartir registros audiovisuales de actuaciones de funcionarios gubernamentales.

La controversia, enfocada en las reformas penales propuestas, ha reavivado la conversación en la sociedad sobre los límites que debe tener la información en plataformas digitales y medios de comunicación en línea.

A través de sus canales de difusión digital, el empresario comunicó su posición indicando que, en caso de no recibir una respuesta oficial dentro del tiempo señalado, procederá a organizar una paralización de actividades tanto a nivel nacional como internacional.

La iniciativa, conforme lo explicó Matías, contaría con la participación de la comunidad dominicana residente en Estados Unidos y naciones europeas, ampliando significativamente el alcance del desacuerdo más allá de los límites territoriales nacionales.

En sus palabras dirigidas a la opinión pública, el ejecutivo subrayó que la propuesta de modificación del Código Penal representa una amenaza potencial para el ejercicio del periodismo realizado por ciudadanos comunes, es decir, aquella información generada por personas sin vínculos con medios tradicionales.

«El Gobierno tiene un plazo de 48 horas para dar respuestas sobre la eliminación de los artículos 308 y 310 del Código Penal. Si no, vamos a poner fecha para un paro nacional e internacional, incluyendo nuestra diáspora en EE. UU. y Europa. Ya la luna de miel con su gobierno ha terminado», expresó el comunicador.

Durante su intervención pública, Matías también hizo referencia al suceso que involucró a Darlin Enmanuel Mercado Reyes, un joven que sufrió un incidente fatal durante una intervención de efectivos policiales en la provincia de Herrera.

Respecto a este caso, advirtió que la implementación de los artículos cuestionados del Código Penal restringiría considerablemente la capacidad de compartir material audiovisual referente a sucesos que resulten de interés colectivo, lo que significaría una limitación severa en el acceso a información de relevancia pública.

El empresario enfatizó que estas restricciones legales tendrían consecuencias directas en la capacidad de la sociedad civil de acceder a información veraz y oportuna sobre hechos que afectan al interés público nacional.

Las manifestaciones realizadas por Santiago Matías reflejan la preocupación de sectores relacionados con la comunicación digital respecto a cómo futuras modificaciones legales podrían afectar la libre circulación de información en medios digitales y redes sociales.

Este enfrentamiento entre el comunicador y el Gobierno evidencia las tensiones existentes en torno a regulaciones que buscan modificar el marco legal penal dominicano, generando divisiones entre quienes apoyan mayores restricciones y quienes defienden garantías amplias de libertad de expresión.

Los próximos días resultan cruciales para conocer la posición oficial del Gobierno frente a las demandas planteadas y determinar si se procede con las acciones anunciadas por Matías y sus aliados en la diáspora internacional.