Rafy Mejía denuncia irregularidades en proceso de manutención infantil

Santo Domingo, República Dominicana – Rafy Mejía ha presentado públicamente sus preocupaciones respecto a un proceso judicial que lleva aproximadamente siete años en los tribunales dominicanos, relacionado con la manutención económica de su hijo de 11 años, fruto de su relación con Patricia Lara.

El empresario expresó su inquietud sobre varios aspectos del procedimiento legal, enfatizando que ha mantenido una posición responsable frente a sus obligaciones financieras hacia el menor. Mejía indicó que posee documentación comprobable de todos los pagos que ha realizado durante el período que abarca la demanda judicial, solicitando que las autoridades competentes revisen exhaustivamente toda la información presentada ante los tribunales.

De acuerdo con las manifestaciones del denunciante, la manutención establecida actualmente asciende a 20 mil pesos mensuales, cantidad que afirmó estar cancelando regularmente. Sin embargo, cuestionó la validez de ciertos argumentos que, según su versión, han sido presentados dentro del procedimiento y que considera no se ajustan a la realidad de su situación económica y patrimonial.

Mejía señaló que dentro de la documentación del caso aparecen referencias a negocios que le atribuyen, específicamente relacionados con operaciones comerciales de venta de chinola, así como actividades empresariales que supuestamente desarrollaría en la zona de San Pedro de Macorís. El empresario cuestionó enfáticamente estas afirmaciones, argumentando que consultas realizadas ante las instituciones correspondientes habrían demostrado que no posee tales propiedades ni negocios.

Según lo expresado por el denunciante, los documentos obtenidos de organismos gubernamentales especializados comprobarían que las asignaciones comerciales mencionadas en el proceso no se encuentran vinculadas a su nombre o gestión empresarial. Mejía consideró que esta información incorrecta ha influido de manera significativa en los planteamientos del caso y en las reclamaciones económicas adicionales que ha recibido.

Otro de los puntos que preocupa al empresario se relaciona con gastos adicionales que le han sido imputados, específicamente aquellos asociados a la atención médica del menor. Mejía relató que en determinada ocasión fue notificado sobre gastos médicos que ascendían aproximadamente a 100 mil pesos, cantidad que consideró desproporcionada para una consulta infantil ordinaria.

El empresario explicó que al efectuar una verificación directa con la clínica Corominas, donde supuestamente se habría realizado la atención, encontró que el monto real de los servicios prestados rondaba aproximadamente los 14 mil pesos, evidenciando una diferencia considerable entre ambas cifras. Mejía subrayó que esta discrepancia lo llevó a cuestionar la legitimidad del gasto antes de proceder al pago de la cantidad solicitada.

Conforme al relato del denunciante, tras manifestar su rechazo a asumir la cantidad que consideraba no adecuadamente sustentada, posteriormente habría recibido información sobre una supuesta orden judicial en su contra. Mejía expresó que solicitó formalmente que se verificara la información directamente con la institución médica para esclarecer los montos reales de los servicios.

Sin embargo, el empresario indicó que la respuesta que recibió fue que tales comprobaciones no correspondía al tribunal realizarlas, lo cual considera constituye un obstáculo para su derecho a la defensa dentro del procedimiento. Mejía ha enfatizado la importancia de que los procesos judiciales cuenten con mecanismos adecuados de verificación de información, especialmente cuando se trata de asuntos que involucran responsabilidades económicas significativas.

El caso continúa siendo materia de seguimiento en los tribunales competentes, mientras el empresario mantiene su posición de estar disponible para colaborar con cualquier investigación que esclarezca los hechos y las inconsistencias que ha documentado dentro de este proceso judicial de larga data.