Preparación sísmica: responsabilidad nacional ante terremotos inevitables

Santo Domingo.- Los fenómenos sísmicos no pueden prevenirse ni advertirse con anticipación, por lo que la preparación representa una obligación colectiva para garantizar que cualquier movimiento telúrico no devaste el territorio nacional debido a negligencia o falta de planificación.

La geografía del país lo sitúa en una zona de alto riesgo sísmico, ubicado estratégicamente entre la placa del Caribe y la placa de Norteamérica, lo que lo expone constantemente a la actividad tectónica. A esta vulnerabilidad geográfica se suma el peligro de tsunamis para las comunidades asentadas en zonas costeras, un riesgo adicional que no debe ignorarse ni minimizarse.

El propósito de identificar estas vulnerabilidades no es generar pánico entre la población, sino reconocer la realidad objetiva que enfrenta la nación. Es importante destacar que la República Dominicana no inicia desde cero en materia de protección ante desastres naturales. El Estado cuenta con instituciones especializadas y estructuras organizacionales dedicadas a la gestión de riesgos sísmicos.

Entre las instituciones existentes se encuentran el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), la Defensa Civil, la Comisión Nacional de Emergencias, el Servicio Geológico Nacional y la UNESPIE. Adicionalmente, el país dispone de normativas técnicas en materia de construcción, realiza ejercicios de simulacro periódicamente y cuenta con profesionales especializados en diferentes áreas de la respuesta ante desastres.

De acuerdo con datos recientes proporcionados por las autoridades competentes, la UNESPIE ha avanzado significativamente en labores de evaluación técnica de infraestructuras. Hasta el momento, esta entidad ha realizado aproximadamente 4.200 evaluaciones técnicas dirigidas a casi 3.350 edificaciones ubicadas en diferentes puntos del territorio nacional. El trabajo de inspección también ha abarcado más de 800 puentes estratégicos para la comunicación vial.

Paralelamente, se ha certificado a 950 ingenieros y arquitectos que integran la Red de Evaluadores Estructurales Dominicanos, un equipo técnico preparado para identificar vulnerabilidades en las construcciones. Estos números representan un avance importante en la arquitectura institucional de prevención de desastres.

Sin embargo, los expertos advierten que estos logros, aunque significativos, no constituyen aún una preparación integral y suficiente. El verdadero reto comienza después de completar los diagnósticos técnicos: determinar cuáles estructuras requieren reforzamiento urgente, calcular los costos asociados, identificar responsables de la ejecución y establecer cronogramas realistas para implementar las mejoras.

La pregunta fundamental que debe responder el país es: ¿cuántas de nuestras instalaciones estratégicas podrán continuar operando normalmente después de un evento sísmico de magnitud considerable? Esta interrogante es crítica porque los hospitales en condiciones vulnerables dejarían sin atención médica a poblaciones completas. Un puente afectado impediría el transporte de ayuda hacia zonas afectadas. Una estación de bomberos comprometida imposibilitaría la respuesta inmediata de las autoridades responsables de controlar emergencias secundarias.

Por estas razones, las autoridades gubernamentales deben actuar con urgencia en cuatro direcciones estratégicas. Primero, completar y hacer público un inventario detallado de toda la infraestructura crítica nacional, clasificando cada instalación según su nivel de vulnerabilidad ante movimientos sísmicos.

Segundo, implementar un programa comprehensivo de reforzamiento estructural que incluya presupuesto específico y un cronograma detallado indicando cómo y cuándo se ejecutarán las obras de mejora en cada instalación prioritaria.

Tercero, establecer mecanismos de financiamiento que permitan que estas inversiones se realicen de manera sostenida y oportuna, sin depender exclusivamente de presupuestos anuales que pueden sufrir variaciones.

Cuarto, capacitar continuamente al personal de respuesta y mantener activos los ejercicios de simulacro para asegurar que, cuando ocurra un incidente sísmico, la reacción institucional sea rápida y efectiva. Solo mediante la implementación de estos cuatro frentes de acción podrá el país transformar su vulnerabilidad actual en un sistema robusto de prevención y respuesta ante terremotos inevitables.