Pareja denuncia irregularidades en proyecto de Punta Cana

El mercado inmobiliario de Punta Cana vuelve a estar en el centro de la atención pública luego de que una pareja de residentes en Estados Unidos hiciera pública su denuncia contra los responsables del proyecto Niagara Beach, señalando presuntos incumplimientos contractuales que habrían afectado directamente su inversión. El caso pone sobre la mesa una preocupación creciente entre compradores internacionales que confían en el sector inmobiliario dominicano como destino de sus ahorros.

Según relataron los afectados, en mayo de 2022 formalizaron un contrato de compraventa con la empresa Promotora Dolteza, representada por su propietario, Abel Martínez Triguero, para adquirir un apartamento dentro de ese desarrollo turístico y residencial ubicado en Punta Cana, La Altagracia, República Dominicana.

En el marco de ese acuerdo, la pareja entregó un total de 21,000 dólares provenientes de sus ahorros personales como pago inicial por la unidad habitacional. Dicho monto fue desembolsado bajo la confianza depositada en los términos y condiciones establecidos en la documentación contractual suscrita con la constructora.

De acuerdo con los denunciantes, el contrato estipulaba la entrega formal del inmueble al concluir las obras de construcción, con una fecha límite establecida para mayo de 2024. No obstante, al llegar ese plazo, los compradores aseguran que no recibieron la propiedad prometida ni una explicación satisfactoria por parte de la empresa desarrolladora.

Ante la ausencia de respuestas claras, la pareja decidió viajar a la República Dominicana con el propósito de verificar directamente el estado del proyecto y evaluar el avance real de la construcción. Lo que encontraron durante esa visita, según su testimonio, reforzó sus sospechas: la edificación no habría sido ejecutada conforme a lo que se les había presentado durante el proceso de comercialización.

Los afectados también revelaron que la promoción y comercialización del proyecto estuvo a cargo de la inmobiliaria Golden Castle Real Estate, específicamente a través de la vendedora Yamilet Jiménez. Asimismo, indicaron que el proceso contó con el respaldo profesional de los abogados Staralyn Solano y Dalino Pacheco Abreu, quienes estuvieron involucrados en la gestión legal de la negociación.

En el transcurso de sus investigaciones, la pareja tomó conocimiento de que otras familias podrían encontrarse en una situación similar, vinculada al mismo desarrollo inmobiliario. Según manifestaron, varios compradores estarían esperando aún una respuesta concreta sobre el destino de sus inversiones, lo que amplía el alcance y la gravedad de la situación denunciada.

Frente a este panorama, los afectados exigieron la devolución íntegra del 100% de los fondos entregados y reclamaron una respuesta formal por parte de todos los actores vinculados al proyecto, reiterando su exigencia de que se respeten los compromisos asumidos al momento de la firma del contrato.

La situación ha generado inquietud entre la comunidad de inversionistas extranjeros que apuestan por el sector inmobiliario de Punta Cana, un destino que ha experimentado un notable crecimiento en el desarrollo de proyectos residenciales y turísticos en los últimos años. Para muchos compradores internacionales, casos como este representan una señal de alerta sobre la importancia de la transparencia y el cumplimiento contractual en este tipo de negocios.

Especialistas en derecho inmobiliario han señalado que situaciones de esta naturaleza pueden derivar en procesos judiciales de considerable complejidad. Enfatizaron la necesidad de que las empresas desarrolladoras respeten de manera estricta los plazos y condiciones pactados con los compradores, no solo como una obligación legal, sino también como un factor determinante para preservar la confianza en el mercado inmobiliario dominicano y atraer inversión extranjera de manera sostenida.

 

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Este caso continúa en desarrollo mientras la pareja denunciante mantiene su exigencia de recuperar los 21,000 dólares invertidos o de recibir el cumplimiento de lo acordado con Promotora Dolteza. Más allá de las particularidades de esta situación, el episodio invita a reflexionar sobre la importancia de contar con garantías sólidas, asesoría legal especializada y mecanismos de supervisión efectivos al momento de adquirir propiedades en proyectos de desarrollo en República Dominicana, especialmente para los compradores que realizan sus inversiones desde el exterior. El seguimiento de este caso podría marcar un precedente relevante para la protección de los derechos de los inversionistas extranjeros en el país.