Ocho acusados Nueva York fraude SNAP siete millones dólares

Nueva York – Las autoridades judiciales del estado de Nueva York han presentado acusaciones formales contra ocho personas por su supuesta participación en una operación ilícita que permitió obtener de manera fraudulenta más de siete millones de dólares provenientes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, conocido comúnmente como SNAP.

De conformidad con la documentación judicial disponible, las actividades investigadas abarcaron un período comprendido entre el mes de abril del año 2023 y septiembre del año 2025, impactando negativamente a miles de personas que dependían de estos beneficios de asistencia alimentaria en diferentes municipios de Nueva York.

Los investigadores identificaron a Belal Hauter, de 34 años, como la presunta figura central en la coordinación de esta operación delictiva, en la cual habrían participado múltiples individuos que utilizaban tarjetas electrónicas EBT duplicadas para acceder a fondos que no les correspondían legalmente.

Entre los acusados se encuentran Abdulla Aezah, de 35 años; Gregory Fabiani, de 46; Milton Rios, de 53; e Yvette Rivera, de 58, quienes enfrentan imputaciones que incluyen conspiración, sustracción indebida de fondos públicos y utilización fraudulenta de información identificatoria ajena.

La acusación formal también incluye a tres personas adicionales cuyos nombres no fueron divulgados públicamente en los comunicados oficiales emitidos por las dependencias judiciales. Estos cinco individuos identificados enfrentan cargos graves que podrían resultar en sentencias prolongadas de encarcelamiento si resultan condenados en los tribunales correspondientes.

Conforme a la investigación conducida por las autoridades, los presuntos implicados implementaron un sistema sofisticado mediante el cual desviaban fondos destinados específicamente a familias que dependían del programa SNAP para adquirir productos alimentarios. Este mecanismo fraudulento comprometió severamente la integridad del programa de asistencia alimentaria.

Según los reportes generados por las autoridades competentes, numerosas personas afectadas por este incidente aún no habían recibido el reembolso correspondiente de los beneficios que fueron sustraídos de manera irregular de sus cuentas electrónicas. Esta situación ha generado dificultades económicas significativas para familias de bajos recursos que dependen completamente de estos fondos para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas.

Mecanismo operativo del esquema fraudulento

La investigación revelaron que los acusados implementaron un sistema mediante el cual duplicaban tarjetas electrónicas de transferencia de beneficios (EBT), que son los instrumentos principales para acceder a los fondos del programa SNAP. Una vez obtenían estas tarjetas duplicadas, realizaban transacciones no autorizadas para extraer fondos que debían permanecer disponibles para sus titulares legítimos.

Los documentos judiciales indican que esta operación requería de coordinación entre múltiples participantes, incluyendo personas que facilitaban el acceso a la información necesaria para duplicar las tarjetas, así como otros que se encargaban de efectuar las transacciones fraudulentas en establecimientos comerciales autorizados para aceptar estos beneficios.

El alcance de la operación fue considerablemente extenso, afectando potencialmente a miles de beneficiarios del programa en diferentes sectores de Nueva York. Las pérdidas cuantificadas en más de siete millones de dólares representan uno de los mayores fraudes registrados contra el programa de asistencia nutricional en años recientes.

Las autoridades de la Fiscalía del Distrito de Manhattan, en coordinación con otras agencias especializadas en investigaciones de fraude federal, presentaron los cargos formales tras completar un extenso trabajo investigativo que incluyó análisis de registros de transacciones, seguimiento de movimientos de fondos y recopilación de evidencia circunstancial.

Los acusados comparecerán ante los tribunales federales correspondientes para enfrentar los cargos presentados. De ser hallados culpables, las sentencias podrían incluir períodos significativos de encarcelamiento, multas sustanciales y la obligación de restituir la totalidad de los fondos defraudados a las instituciones gubernamentales y beneficiarios afectados.

Este caso subraya la importancia de implementar sistemas de seguridad más rigurosos en los programas de asistencia pública para prevenir futuras instancias de fraude que comprometan la disponibilidad de recursos críticos para poblaciones vulnerables que dependen de estas ayudas para subsistir dignamente.