Nuria caso Karla María Moya Boada
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La reciente absolución de Karla María Moya Boada, una ciudadana venezolana acusada de practicar la cirugía estética ilegalmente en República Dominicana, ha generado sorpresa e indignación en la comunidad.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, compuesto por las juezas Gissell Méndez, Tania Yunes y Jissell Naranjo, decidió absolver a Moya Boada debido a la supuesta falta de pruebas contundentes presentadas por el Ministerio Público. A pesar de las evidencias en redes sociales que muestran a Moya Boada realizando procedimientos quirúrgicos vestida como cirujana, el tribunal concluyó que no se pudo demostrar "más allá de toda duda razonable" que ejercía la medicina de manera ilegal, evitando así una condena de 10 años de prisión.
Esta decisión ha suscitado fuertes críticas, especialmente porque la legislación dominicana es estricta respecto a la práctica médica por parte de extranjeros, requiriendo la homologación de títulos y la obtención de un exequátur. En 2019, Moya Boada presentó documentación ante el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), pero esta fue considerada insuficiente, ya que solo incluía fotocopias de dudosa autenticidad. Además, no estaba registrada en el Colegio Médico Dominicano ni tenía licencia del Ministerio de Salud Pública.
A pesar del cierre de su consultorio por parte del Ministerio de Salud, Moya Boada continuó ejerciendo en otra clínica, el Centro de Medicina Reproductiva, Integral y Atención Femenina (CEMERAF). Este centro es propiedad de Libni Valenzuela, acusada en el Caso Anti-Pulpo por lavado de activos en el sector salud.
El equipo de periodismo N Investiga documentó que Moya Boada había retirado certificados que exhibía en su consultorio, los cuales supuestamente acreditaban su formación en cirugía plástica en Venezuela. La detención de Moya Boada en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana cuando intentaba salir del país aumentó las sospechas sobre sus actividades ilegales.
El Ministerio Público, que se había opuesto a un acuerdo penal abreviado propuesto por los abogados de Moya Boada, optó por seguir adelante con la acusación. Sin embargo, el tribunal no quedó convencido por las pruebas presentadas, lo que ha generado preocupación entre los representantes del Ministerio de Salud Pública.
Luis Tolentino, consultor jurídico del Ministerio de Salud Pública, expresó que las pruebas presentadas deberían haber sido suficientes para demostrar la ilegalidad de las acciones de Moya Boada. Gerardo Mesa, director de habilitación del Ministerio, también señaló que Moya Boada nunca presentó la documentación necesaria para ejercer la medicina en el país.
Finalmente, la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, Reconstructiva, Estética y Maxilofacial confirmó que Moya Boada no está registrada entre sus miembros ni aspirantes, lo que incrementa las dudas sobre su formación.
Este caso ha dejado en vilo a la comunidad y al sector salud en República Dominicana, poniendo en tela de juicio la capacidad del sistema judicial para proteger a la población de prácticas médicas ilegales.