Mujer solicita revisión de caso tras liberación de agresor en Santo Domingo

hace 2 meses

Santo Domingo, República Dominicana — En un caso que ha generado preocupación sobre el sistema de justicia dominicano, Jennifer Rivas expresó su inconformidad este jueves luego de que un tribunal revocara la medida de coerción contra el individuo involucrado en un incidente de violencia doméstica ocurrido el 30 de marzo. El hombre, su expareja, ingresó armado a su residencia ubicada en el sector Puerto Isabela, situación que dejó a la víctima y su familia en riesgo inmediato.

Los hechos se remontan a una discusión que comenzó en un establecimiento de entretenimiento. Según el relato de los eventos, el individuo persiguió a Jennifer Rivas hasta su domicilio, donde ella buscó protección al refugiarse en el baño de su casa. El agresor, sin embargo, logró forzar la cerradura y realizó un disparo que fue dirigido hacia la víctima.

Jennifer Rivas logró sobrevivir al ataque y en ese momento alertó a su expareja mediante un mensaje de audio en el que pedía ayuda y expresaba el riesgo inminente que enfrentaba. Lo que intensificó la gravedad de la situación fue que antes de consumar el acto violento, el agresor también sacó un arma de fuego en dirección a la hija de seis años de Jennifer Rivas, exponiendo a la menor a una amenaza directa.

El proceso penal siguió un curso que ha dejado interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de protección. El acusado no se presentó voluntariamente ante las autoridades de inmediato. Transcurrió aproximadamente un mes desde el incidente antes de que se entregara a la policía. Una vez bajo custodia, se le impuso una medida de coerción restrictiva. Sin embargo, en la audiencia de este jueves, un tribunal decidió revocar esa medida y ordenó la libertad del imputado.

La decisión judicial ha causado gran preocupación en Jennifer Rivas, quien asegura haber presentado evidencia sustancial que debería haber fundamentado el mantenimiento de las medidas restrictivas. Según su testimonio, presentó al tribunal videos documentando el historial de agresiones previas, incluyendo material visual que muestra al agresor agrediendo físicamente a la víctima. A pesar de la presentación de estos materiales, sostiene que sus pruebas no fueron consideradas adecuadamente y que su declaración tampoco fue debidamente evaluada.

"A mí en el tribunal no me tomaron la palabra. Yo no entiendo qué le pasó a esa jueza", expresó Jennifer Rivas en una entrevista televisiva con evidentes señales de frustración y preocupación.

El caso presenta irregularidades adicionales que merecen atención. De acuerdo con Jennifer Rivas, el propio acusado habría entregado el arma de fuego utilizada en el incidente, la cual era ilegal. Este dato, que podría considerarse relevante en la evaluación del caso, aparentemente no fue ponderado en la decisión final del tribunal.

Otro aspecto que llama la atención es la forma en que se presentó la evidencia visual durante los procedimientos judiciales. El video del incidente fue mostrado al tribunal, pero únicamente se proyectaron aproximadamente cinco segundos del material grabado. Esta presentación parcial omitió la secuencia completa del ataque que fue registrada dentro de la vivienda, lo que limitó significativamente la exposición de los hechos tal como ocurrieron.

Actualmente, Jennifer Rivas cuenta con una orden de alejamiento legal a su favor. Esta medida, aunque representa un paso en el sistema judicial, no le proporciona, según su perspectiva, la protección necesaria contra una posible confrontación futura. El temor persistente respecto a la proximidad física del agresor mantiene a la víctima en un estado de vulnerabilidad constante.

"Yo voy a ser una del montón de las que han matado y se quedan impune", declaró Jennifer Rivas con la voz quebrada, resumiendo en una frase el miedo que experimenta cotidianamente en su propio espacio de hogar.

La vida de Jennifer Rivas, madre de dos hijas pequeñas, ha experimentado una transformación drástica desde los eventos del 30 de marzo. Describe su existencia presente como un encierro voluntario, viéndose obligada a restringir sus movimientos y actividades dentro de su propia vivienda. El lugar que debería representar seguridad y refugio se ha convertido, a su percepción, en un espacio de confinamiento producto del temor que experimenta.

Jennifer Rivas ha hecho un llamado directo a las autoridades competentes del sistema judicial para que realicen una revisión exhaustiva de la decisión adoptada en su caso. Solicita intervención antes de que su situación se sume a las estadísticas de violencia de género que afectan a República Dominicana. Su petición subraya la necesidad de que los procedimientos judiciales consideren integralmente las pruebas presentadas y protejan adecuadamente a las víctimas de violencia doméstica durante los procesos legales.

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