MP señala a Jochi Gómez y Hugo Beras como líderes de una estructura criminal; pide 18 meses de prisión preventiva

Jochi Gómez y Hugo Beras presuntamente desempeñaron roles fundamentales en una organización criminal dedicada al desvío de fondos públicos, utilizando la manipulación de contratos estatales y el lavado de activos. Así lo detalla el Ministerio Público en la medida de coerción solicitada contra ambos funcionarios. Según el informe, que abarca 304 páginas, se subraya la gravedad de las acusaciones y se indica que, de ser hallados culpables en juicio, podrían enfrentarse a penas de hasta 20 años de prisión.

El relato del Ministerio Público señala que Beras utilizó su posición para otorgar contratos fraudulentos, mientras que Gómez se benefició económicamente al operar empresas que funcionaron como herramientas para el desfalco de recursos estatales, todo ello enmascarado por una apariencia de legalidad sustentada en la falsificación de documentos, usurpación de identidades y abuso de poder.

A Jochi Gómez, propietario de Aurix, se le atribuyen al menos cinco violaciones graves a la ley. Según el documento, fue el principal beneficiario de la estructura de corrupción, utilizando empresas fachada como Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S. para obtener contratos millonarios sin cumplir con los requisitos legales y técnicos exigidos. Estas empresas, creadas específicamente para este esquema, carecían de experiencia previa en la gestión de sistemas semafóricos y de videovigilancia, un aspecto que fue deliberadamente ocultado.

Además, se le imputa la usurpación de identidad empresarial, ya que logró que Transcore Latam S.R.L. fuera adjudicada en una licitación mediante la simulación de ser una filial de la empresa estadounidense TransCore LP. Esta afirmación fue desmentida posteriormente por representantes legales de la entidad estadounidense, lo que expone la magnitud del engaño.

En lo que respecta al lavado de activos, se alega que, una vez adjudicado el contrato a Transcore Latam S.R.L., Gómez Canaán desvió fondos del Estado a cuentas vinculadas a INPROSOL S.R.L. y otros socios en el esquema, utilizando una red de transferencias bancarias para blanquear el dinero proveniente de actividades corruptas.

Gómez Canaán también enfrenta acusaciones por haber saboteado la red semafórica de Santo Domingo a finales de agosto de 2024, generando un caos en el tránsito de la ciudad. Este acto ha sido catalogado por las autoridades como un acto de terrorismo contra infraestructuras críticas del Estado, lo que añade un componente alarmante a su lista de delitos.

Otro cargo en su contra incluye el acceso ilegal a tecnología de defensa. Se le señala por haber logrado obtener contratos del Ministerio de Defensa para adquirir y utilizar tecnología reservada, que fue empleada para espionaje y manipulación de sistemas de seguridad, representando un grave riesgo para la seguridad nacional.

Por su parte, las acusaciones contra Hugo Beras abarcan la adjudicación fraudulenta de contratos durante su gestión en el INTRANT, donde dirigió la asignación de contratos millonarios a empresas que no cumplían con los requisitos técnicos, particularmente a Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S., que están vinculadas a Gómez. Esta adjudicación fue resultado de un proceso de licitación manipulado que careció de la debida transparencia.

Entre los actos de corrupción también se menciona una inflación injustificada del presupuesto para la modernización del sistema de semáforos y videovigilancia en el Gran Santo Domingo, que pasó de RD$104 millones a RD$1,200 millones sin una justificación adecuada.

Finalmente, Beras, en colaboración con sus asociados, diseñó un pliego de condiciones a medida para Transcore Latam S.R.L. y participó en la falsificación de documentos que certificaban la entrega de bienes y servicios que nunca fueron ejecutados. Asimismo, autorizó la certificación falsa de que el INTRANT contaba con los fondos necesarios para llevar a cabo la licitación, cuando en realidad estos no estaban disponibles hasta meses después.

El órgano persecutor está solicitando 18 meses de prisión preventiva para ambos.