Ministerio Público solicita prisión preventiva contra dos imputados por proxenetismo

La Procuraduría de la República presentó una solicitud formal ante los tribunales del Distrito Nacional para que se ordene la reclusión preventiva de dos ciudadanos relacionados con un caso que involucra explotación de personas a través de plataformas digitales. Henry Tomás Castillo Peñ@, de 57 años de edad, y Brailyn López del Rosario, quien cuenta con 20 años, enfrentan acusaciones por actividades delictivas que incluyen proxenetismo en su forma agravada, movimiento de recursos de procedencia ilícita y ciberdelitos.

Según los reportes oficiales, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional tenía programado para el 15 de septiembre de 2026 la audiencia en la cual se debería resolver sobre la imposición de esta medida cautelar. Los representantes del Ministerio Público solicitaron específicamente una duración de tres meses para la prisión preventiva de ambos acusados, tiempo durante el cual continuaría avanzando la investigación de los hechos.

El equipo investigativo, conformado por especialistas de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, junto con fiscales del Distrito Nacional, llevó adelante un operativo que resultó en la aprehensión de los dos imputados. Los investigadores sostienen que utilizaban plataformas de comunicación e interacción social por internet para ofrecer servicios de naturaleza íntima, recibiendo compensaciones económicas a través de depósitos bancarios y entregas de efectivo directo.

Las autoridades concentraron sus esfuerzos investigativos en un inmueble localizado en la zona de San Carlos, específicamente en la calle Emilio Prud'Homme del Distrito Nacional. Conforme a la información proporcionada por la Procuraduría Especializada, en este lugar se realizaba una parte sustancial de las operaciones que ahora son materia de investigación judicial.

Durante la ejecución de un allanamiento debidamente autorizado por la autoridad competente el 9 de septiembre de 2026, el personal especializado se trasladó hasta el inmueble en cuestión. En la diligencia, los investigadores localizaron a Brailyn López del Rosario junto con otras personas que, de acuerdo con el relato del órgano acusador, serían consideradas víctimas dentro del contexto de las investigaciones. El equipo procedió al aseguramiento de diversos objetos considerados evidencia material del delito.

Entre los elementos ocupados durante el allanamiento se encontraban dispositivos móviles, sistemas de videovigilancia, documentación personal de diversas personas, escrituras de propiedad del inmueble, cantidades de dinero en efectivo de diferentes denominaciones, documentos de viaje internacional, anotaciones manuscritas y comprobantes de transacciones comerciales. Todos estos elementos fueron debidamente catalogados y constituyen ahora parte del material probatorio que será analizado durante el proceso judicial.

La indagación realizada por los entes de persecución penal también incluyó el análisis exhaustivo de los movimientos de dinero registrados entre diferentes cuentas bancarias vinculadas a los investigados. Asimismo, se sometieron a revisión extensas conversaciones de carácter electrónico que fueron recuperadas de los dispositivos asegurados durante el operativo. Estos registros digitales, según las autoridades, proporcionan información relevante sobre la supuesta coordinación de las actividades delictivas entre los imputados y otras personas potencialmente involucradas.

El Ministerio Público fundamenta su petición de prisión preventiva en la gravedad de los delitos investigados, en la necesidad de asegurar la comparecencia de los acusados a futuras diligencias judiciales, y en la evaluación de los riesgos que su permanencia en libertad podría representar para las posibles víctimas identificadas. La estrategia procesal de la acusación se orienta hacia demostrar la existencia de una estructura operativa dedicada a la explotación económica de personas vulnerables a través de medios tecnológicos.

El caso representa un ejemplo más de las investigaciones que adelantan las autoridades dominicanas contra delitos que aprovechan las nuevas tecnologías para perpetrar actividades criminales. La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas continúa su labor de vigilancia y persecución de estos fenómenos delictivos que afectan la seguridad y protección de múltiples ciudadanos en el territorio nacional.