Madre enfrenta prisión preventiva por fallecimiento de hija de tres años en Nagua
hace 14 horas
En un pronunciamiento judicial efectuado durante la jornada del viernes 20 de noviembre de 2026, el tribunal competente de la provincia María Trinidad Sánchez resolvió establecer una medida de coerción contra Mailin Hernández Familia, quien se encuentra acusada por el Ministerio Público de estar vinculada al fallecimiento de su descendiente menor de edad. La resolución emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esa demarcación territorial estableció un período de doce meses de encarcelamiento preventivo para la acusada.
La decisión judicial fue adoptada luego de que la representación fiscal presentara su correspondiente solicitud de medida cautelar en relación con los hechos ocurridos el sábado 14 de noviembre del presente año. La jueza Martha Mireya Indhira Javier Cedano determinó que Mailin Hernández Familia deberá cumplir la medida de coerción dentro de las instalaciones de la Fortaleza General Olegario Tenares, recinto penitenciario localizado en la provincia de María Trinidad Sánchez.
Conforme a los reportes disponibles, la menor fue trasladada al centro de salud pública Doctor Antonio Yapor Heded, ubicado en la ciudad de Nagua, en circunstancias que presentaba un estado de salud crítico y preocupante. La documentación médica y los reportes preliminares recopilados por los profesionales sanitarios revelaron la presencia de múltiples lesiones traumáticas distribuidas en diversas regiones del cuerpo de la infante.

Según la información proporcionada por los investigadores del Ministerio Público, los hallazgos médicos realizados en las dependencias hospitalarias permitieron identificar traumatismos recientes en distintas áreas del organismo de la víctima. Los reportes médicos detallados documentaron lesiones localizadas en regiones tales como el rostro, el cuello y la región torácica de la menor. Algunas de estas lesiones presentaban características de reciente data, mientras que otras evidenciaban un patrón de antigüedad que sugería múltiples eventos traumáticos sucesivos.
La acusada fue interceptada por las autoridades competentes en el momento en que se encontraba dentro de las instalaciones del mencionado hospital público. El procedimiento de aprehensión se realizó con base en los indicios recabados durante las investigaciones iniciales y la información médica que respaldaba la vinculación de Hernández Familia con los hechos objeto de investigación. Los elementos de prueba recopilados por la Fiscalía fueron presentados ante la autoridad judicial durante la audiencia de formulación de cargos.

La documentación clínica examinada por los peritos y funcionarios de la Fiscalía General de la República constituyó un elemento fundamental en el proceso de investigación inicial. Los registros médicos incluyen descripciones detalladas de cada una de las lesiones corporales identificadas, con precisión respecto a su localización, profundidad y características morfológicas que permitieron establecer una línea temporal de los eventos traumáticos. Estos hallazgos técnicos formaron parte del expediente presentado ante el juzgado de la Oficina de Servicios de Atención Permanente.
La audiencia para determinar la medida de coerción se desarrolló en conformidad con los procedimientos establecidos por el Código Procesal Penal Dominicano. Durante esta diligencia judicial, el fiscal responsable del caso expuso los argumentos que fundamentaban la solicitud de prisión preventiva, enfatizando la gravedad de los cargos y la necesidad de asegurar la comparecencia de la acusada ante la justicia, así como la protección de la comunidad durante la tramitación del proceso penal.

La Fortaleza General Olegario Tenares, establecimiento penitenciario donde cumplirá su medida cautelar la acusada, se encuentra ubicada en la provincia de María Trinidad Sánchez y funciona bajo la supervisión del Ministerio de Justicia. Este centro de reclusión es el designado para albergar a las personas procesadas en el contexto judicial de esa circunscripción territorial.
El caso continúa en investigación por parte del Ministerio Público, que sigue recopilando elementos de prueba pertinentes para fundamentar la acusación. Las autoridades competentes han señalado que se realizarán todas las diligencias procesales necesarias conforme a lo estipulado en la normativa procesal penal vigente en la República Dominicana. La próxima fase del proceso incluirá audiencias subsecuentes donde se continuará desarrollando el debate probatorio sobre los cargos formulados contra la acusada.

Desde la perspectiva de la comunidad naguense, este incidente ha generado preocupación genuina respecto a temas relacionados con la protección de menores y los mecanismos de prevención disponibles en la sociedad dominicana. Organismos defensores de derechos humanos y protección infantil han manifestado su interés en monitorear el desarrollo de este proceso judicial para garantizar que se cumplan adecuadamente todos los protocolos establecidos para casos de esta naturaleza.
La resolución de prisión preventiva por un período de doce meses refleja la evaluación de los elementos presentados por la Fiscalía respecto a los criterios de gravedad de la acusación, el riesgo de fuga y la protección de la comunidad. Esta medida cautelar no implica determinación de culpabilidad, sino que representa una medida procesal adoptada para asegurar el correcto desenvolvimiento del proceso penal que continúa su curso ordinario ante los tribunales competentes de la provincia María Trinidad Sánchez.

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