La Vega, República Dominicana — Un tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente en La Vega dictaminó medidas cautelares contra un profesional odontológico y su colaborador este martes, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la práctica dental que habrían originado daños permanentes a una paciente.
La resolución judicial estableció que Franklin José Almánzar debe depositar una garantía económica de RD$75,000 en el Banco Agrícola, mientras que William Almánzar deberá consignar RD$20,000 en la misma institución financiera. Ambos quedarán obligados a comparecer de manera periódica ante el tribunal durante la sustanciación de los procedimientos legales correspondientes.
Según la documentación presentada por el Ministerio Público, Franklin José Almánzar habría desempeñado funciones odontológicas carentes de la debida acreditación legal dentro del consultorio de su hermano William Almánzar, establecimiento ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la avenida Duarte de La Vega.
Antecedentes del caso
El procedimiento investigativo se originó a partir de una querella interpuesta por una paciente que acudió al consultorio el 17 de enero para someterse a una intervención odontológica. Los registros médicos indican que posteriormente la afectada experimentó complicaciones de consideración, entre las cuales se documentaron lesiones en estructuras nerviosas y tumefacción en el rostro. Tales hallazgos se encuentran soportados por certificaciones médicas anexadas al expediente judicial.
Los hermanos Almánzar manifestaron su conformidad con las disposiciones impuestas por la autoridad competente tras la conclusión de la audiencia judicial. De igual forma, expresaron gratitud hacia el colectivo de profesionales de la medicina que se movilizaron para brindarles respaldo en el contexto de sus procesos legales.
Perspectiva del colegio profesional
Miguel Thevenin, quien ostenta la presidencia provincial del Colegio Médico Dominicano en La Vega, valoró positivamente las medidas decretadas por el juzgado. Thevenin consideró que estas disposiciones resultan apropiadas para permitir que el proceso continúe su curso mientras las entidades competentes avanzan en el esclarecimiento de los hechos.
El expediente judicial permanece en etapa de investigación, siendo conducido por el Ministerio Público con el propósito de determinar la responsabilidad de las partes involucradas en relación con las presuntas infracciones a la normativa que rige el ejercicio de la profesión odontológica en territorio dominicano.
Las autoridades judiciales continuarán monitoreando el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas, mientras se recaba información adicional y se practican diligencias probatorias tendentes a esclarecer completamente los hechos que originaron la presente investigación.