Iván Arias permanecería en cuartel pese a orden judicial

Moca, Espaillat, República Dominicana – El representante legal de los allegados de Albert de Jesús Aracena Núñez manifestó públicamente su preocupación respecto a la ubicación actual de Iván Arias, propietario de la instalación acuática, quien se encuentra vinculado a este caso mediante imputación formal.

De acuerdo con el abogado, existe una orden específica emitida por una corte competente en la provincia Espaillat que dispone el envío de Arias hacia el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta, sin embargo, el imputado continuaría bajo custodia en las instalaciones de una dependencia policial ubicada en la localidad de Moca.

El caso en cuestión guarda relación con Albert, quien fuera reportado como desaparecido el cuatro de agosto del presente año. Posteriormente, luego de un período de veintiuno días de búsqueda, sus restos fueron localizados en una zona cubierta de vegetación en el sector conocido como La Chancleta.

Arias se encuentra sujeto a una medida de coerción equivalente a dieciocho meses de prisión preventiva dentro del procedimiento judicial abierto en relación con los hechos que involucraron a Albert. Es importante destacar que la prisión preventiva constituye únicamente una medida cautelar y no prejuzga sobre la culpabilidad de la persona involucrada. La determinación de responsabilidad deberá ser establecida a través del debido proceso judicial correspondiente.

Según las manifestaciones del licenciado Lora, quien representa legalmente a la familia del fallecido, la resolución que emitió el Tribunal de Atención Permanente de Moca contiene disposiciones específicas respecto al lugar donde debe cumplirse la medida de coerción impuesta a Arias.

El jurista expresó su inquietud al señalar que, aproximadamente dos semanas después de que fuera dictada la medida cautelar, el imputado permanecería bajo resguardo en las dependencias de un cuartel perteneciente a la estructura de la Policía Nacional ubicado en Moca.

El abogado indicó que ha realizado gestiones tendentes a obtener información clara sobre las causas de esta situación, pero aseguró que sus intentos han sido infructuosos debido a la falta de respuesta de las autoridades competentes.

El letrado también manifestó que desconoce las razones específicas por las cuales el traslado hacia el centro de corrección no habría sido ejecutado conforme a lo ordenado por la instancia judicial. De igual forma, prefirió no atribuir responsabilidades concretas a ninguna institución en particular.

Por tales motivos, el abogado de la familia solicitó formalmente explicaciones a tres organismos clave: la Policía Nacional, la Fiscalía de Moca y la Procuraduría General de la República, esperando obtener claridad respecto a los procedimientos administrativos relacionados con el cumplimiento de la orden judicial.

Hasta la presente fecha, no ha trascendido respuesta oficial proveniente de ninguna de estas instituciones que corrobore o proporcione una explicación satisfactoria respecto a la permanencia del imputado en la dependencia policial mencionada.

Cabe destacar que otros individuos vinculados al mismo procedimiento también cuentan con medidas de coerción impuestas. Una persona identificada como Yosilda habría recibido la misma medida de dieciocho meses de prisión preventiva, aunque su ubicación actual dentro del sistema penitenciario responde a diferentes parámetros.

Esta situación evidencia la complejidad administrativa que puede generarse en la aplicación de resoluciones judiciales dentro del sistema de justicia dominicano. La transparencia y el cumplimiento estricto de las órdenes emitidas por los tribunales resultan fundamentales para mantener la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar justicia.

La familia de Albert continúa atenta al desarrollo del proceso judicial y a través de su representante legal mantiene vigilancia sobre el cumplimiento de las disposiciones dictadas por los órganos competentes en este importante caso.