INABIE enfrenta nuevas denuncias por irregularidades en licitación de comidas escolares

Organismos especializados vuelven a recibir señalamientos sobre los procedimientos de selección implementados por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) respecto al suministro de alimentos para comedores escolares. En esta ocasión, el cuestionamiento se enfoca en una licitación desarrollada en San Pedro de Macorís que alcanza una inversión superior a los RD$1,900 millones, destinada a cubrir los períodos escolares 2026-2027 y 2027-2028.

Diferentes suplidores que participaron en el proceso competitivo han expresado su inconformidad respecto a las decisiones finales, argumentando que múltiples proveedores que fueron rechazados en etapas iniciales de evaluación terminaron siendo favorecidos con adjudicaciones de significativo valor económico. Los participantes afectados califican esta situación como anómala y han presentado sus reclamaciones tanto ante instancias administrativas como ante autoridades competentes en materia de investigación.

Historial de cuestionamientos previos

Estos nuevos señalamientos emergen aproximadamente doce meses después de que otros proveedores presentaran denuncias formales ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), reportando presuntas irregularidades en los procedimientos de contratación ejecutados por el INABIE durante períodos anteriores.

En el caso actual, las controversias guardan relación directa con una licitación cuyo proceso iniciró el 24 de noviembre de 2025 y recibió su resolución adjudicativa el 7 de agosto de 2026. A través de esta convocatoria fueron seleccionados 51 proveedores distintos para abastecer alimentos a los establecimientos educativos ubicados en la jurisdicción de San Pedro de Macorís.

Representación legal y casos específicos

Los proveedores perjudicados se encuentran representados legalmente por el abogado Pedro Lara, profesional que ha documentado que aproximadamente 11 participantes han presentado evidencia sobre situaciones que, conforme a su análisis jurídico, requieren investigación administrativa exhaustiva para esclarecer los hechos.

De conformidad con los registros y documentación presentada por los suplidores inconformes, se ha identificado que 15 empresas que fueron descartadas durante los procedimientos de evaluación inicial posteriormente aparecen incluidas entre las empresas finalmente adjudicatarias. Los proveedores denunciantes sostienen que estos contratos asignados a las empresas cuestionadas representan en conjunto una inversión que supera los RD$445 millones.

Montos significativos en adjudicaciones individuales

Entre los casos específicos mencionados en la documentación de denuncia figura Manuel Emilio Mejía Molina, quien aparece registrado como beneficiario de una adjudicación que alcanza un monto superior a RD$31 millones dentro de este proceso de contratación.

Conforme a los argumentos presentados por los proveedores afectados, los documentos técnicos generados por el propio INABIE durante el proceso de evaluación habrían señalado observaciones que, presuntamente, debieron resultar en la exclusión definitiva de estas empresas del proceso competitivo. Sin embargo, dichas empresas continuaron siendo evaluadas en fases posteriores y finalmente recibieron adjudicaciones.

La situación ha generado inquietud entre los proveedores excluidos, quienes consideran que sus derechos al debido procedimiento administrativo y a participación equitativa en procesos de contratación pública han sido vulnerados. La documentación de estas denuncias ha sido presentada mediante los canales administrativos contemplados por la legislación dominicana.

Panorama general de las contrataciones del INABIE

Estas nuevas controversias reflejan un patrón de cuestionamientos que ha caracterizado los procesos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil durante los últimos años. La magnitud de los recursos involucrados en los programas de alimentación escolar, que alcanzan cifras de miles de millones de pesos anuales, ha mantenido estos procesos bajo escrutinio de diferentes actores interesados en garantizar transparencia y eficiencia en la ejecución del gasto público.

Las autoridades correspondientes deberán evaluar la documentación presentada y determinar si procede la apertura de investigaciones administrativas que permitan verificar el cumplimiento de los protocolos y requisitos establecidos para los procesos de selección de proveedores en el sector educativo dominicano.