Identifican integrantes de red de extorsión que operaba desde Santiago hacia Estados Unidos

Las autoridades dominicanas han dado a conocer información detallada sobre una organización delictiva que presuntamente realizaba actividades de extorsión y fraude contra ciudadanos residentes en Estados Unidos, operando desde el sector de Jacagua, en la provincia de Santiago.

El Ministerio Público ha presentado formalmente una solicitud de medida de coerción en la que se expone de manera detallada la estructura completa de esta presunta organización criminal. De acuerdo con los documentos judiciales, el grupo habría estado funcionando durante varios años desde territorio dominicano, dirigiendo sus operaciones fraudulentas hacia personas que residen en suelo estadounidense.

La investigación revela que los miembros de esta organización delictiva contaban con características particulares que les permitían ejecutar sus actividades ilícitas con efectividad. Entre estas cualidades se destacan el dominio del idioma inglés y conocimientos avanzados en el uso de herramientas tecnológicas, lo cual les facilitaba identificar y establecer contacto con sus potenciales víctimas en Estados Unidos.

El modus operandi empleado por los integrantes de esta red consistía en hacerse pasar por miembros de organizaciones criminales de alto perfil para intimidar a sus objetivos. De manera específica, utilizaban el nombre del Cartel de Sinaloa como principal mecanismo de presión, exigiendo pagos bajo amenazas directas contra las víctimas y sus familiares.

Entre las personas señaladas en el expediente judicial se encuentran Pedro Subercaseaux Errázuriz, Carlos Vicuña Fuentes, Gabriel González Videla, Alfredo Duhalde Vásquez y Jorge Alessandri Rodríguez. Adicionalmente, otros cinco individuos también forman parte del grupo de imputados en este caso.

La lista de acusados incluye igualmente a Eugenio González Rojas, un individuo conocido como Paulino, quien también responde al alias de Pedro Navaja, así como a Juan Bautista Rossetti Colombino, Alejandro Ríos Valdivia y Humberto Elgueta Guzmán. Todos ellos enfrentan cargos relacionados con las actividades de extorsión y estafa atribuidas a la organización.

Un aspecto relevante del caso tiene que ver con los métodos utilizados para el manejo de los recursos obtenidos de manera ilícita. Según la información proporcionada por las autoridades, la red criminal empleaba diversos mecanismos financieros para dificultar el rastreo del dinero. Entre estos se incluyen el uso de criptomonedas, transferencias electrónicas y múltiples plataformas de pago digital, todo con el objetivo de ocultar el origen de los fondos.

El expediente judicial también arroja luz sobre las estrategias de reclutamiento empleadas por la organización. De acuerdo con la investigación, la estructura captaba a jóvenes de Santiago y comunidades aledañas, quienes eran atraídos por el estilo de vida aparentemente próspero que exhibían algunos de los integrantes más destacados del grupo.

El Ministerio Público ha señalado que las acciones perpetradas por esta organización no solo generaron pérdidas económicas, sino que también causaron importantes afectaciones de carácter psicológico. Tanto las víctimas directas de las extorsiones como sus familiares en territorio estadounidense habrían sufrido consecuencias emocionales derivadas de las amenazas recibidas.

El proceso investigativo que llevó a la identificación de los presuntos integrantes de esta red se desarrolló a lo largo de un período considerable. Las autoridades ejecutaron operativos de allanamiento en dos fases diferentes. La primera etapa de estos procedimientos se realizó en octubre de 2024, mientras que la segunda fase tuvo lugar recientemente, en junio de 2026.

Este caso pone de manifiesto la creciente preocupación de las autoridades dominicanas por combatir las actividades de organizaciones que utilizan el territorio nacional como base de operaciones para cometer delitos transnacionales. La cooperación entre instituciones locales e internacionales resulta fundamental para desarticular este tipo de estructuras criminales que afectan a ciudadanos en múltiples países.

Se espera que en los próximos días se lleve a cabo la audiencia donde se determinará la medida de coerción aplicable a los imputados, quienes deberán responder ante la justicia por los cargos presentados en su contra por el órgano acusador.