Gobierno estudia ajuste de tarifa eléctrica para reducir déficit distribuidor

Las autoridades gubernamentales han presentado una iniciativa mediante el Plan Nacional Plurianual del Sector Público 2025-2028 que contempla la revisión de la estructura tarifaria del servicio eléctrico. Esta medida busca acercar los valores que pagan los consumidores a los costos reales de la prestación del servicio, además de reducir de manera gradual los subsidios cruzados que actualmente operan en el sector.

La propuesta responde a la necesidad de enfrentar el considerable déficit que presentan las tres empresas distribuidoras de electricidad de carácter estatal. Durante la última década, específicamente entre 2014 y 2024, el Estado dominicano se ha visto obligado a realizar transferencias por un monto de RD$505,629 millones para cubrir las pérdidas operacionales acumuladas por estas corporaciones. Aunque el análisis ha sido elaborado por el Ministerio de Hacienda y Economía, aún no ha sido presentado formalmente ante el Gobierno para su discusión ni se anticipa su aceptación inmediata.

El documento técnico señala que una porción significativa de la situación financiera deficitaria de las distribuidoras proviene de un esquema de tarifas que se considera obsoleto y desactualizado. El proceso de modificación de estas tarifas fue interrumpido durante el año 2022, momento en que el país experimentaba presiones inflacionarias considerables que desaconsejaban cualquier ajuste de precios hacia los consumidores.

Ahora, con la presentación de este nuevo plan de acción, se propone reactivar ese proceso de ajuste como una de las medidas fundamentales para corregir la situación deficitaria que enfrentan estas corporaciones. La intención principal sería que el valor de la tarifa refleje de forma más precisa el costo genuino de producir, adquirir, transportar y distribuir la electricidad hasta los domicilios y establecimientos comerciales de la población dominicana.

Otro aspecto relevante que contiene el documento se refiere al desmontaje progresivo de lo que se conoce como subsidio cruzado. Este mecanismo operativo implica que ciertos usuarios o sectores económicos específicos terminan cubriendo indirectamente una porción del costo del servicio que otros consumidores no contribuyen a pagar. La práctica ha generado distorsiones en la estructura de precios y ha contribuido al desequilibrio financiero del sector.

Las tres corporaciones distribuidoras de energía eléctrica que operan en territorio dominicano son Edeeste, Edesur y Edenorte, todas ellas bajo propiedad estatal. Estas empresas son responsables de llevar el servicio eléctrico desde los puntos de generación y transmisión hasta los usuarios finales en sus respectivas zonas de cobertura geográfica.

De conformidad con los datos incluidos en el Plan Nacional Plurianual, las cifras revelan una realidad preocupante sobre el comportamiento financiero de estas entidades. Entre los años 2014 y 2024, el Estado realizó transferencias económicas que alcanzaron un total de RD$505,629 millones para hacer frente al déficit acumulado originado por estas compañías de servicios.

El plan advierte que sin implementar cambios estructurales profundos en la forma como se estructura el sector y se determinan los precios, los déficits operacionales continuarán experimentando incrementos sostenidos. Esta proyección negativa generaría una presión cada vez más intensa sobre las finanzas públicas del Estado, comprometiendo recursos que podrían destinarse a otras prioridades de desarrollo nacional.

La revisión tarifaria propuesta se presenta como una alternativa necesaria para garantizar la sostenibilidad económica del sector eléctrico dominicano en el mediano y largo plazo. Los especialistas en materia energética reconocen que mantener indefinidamente un sistema de subsidios cruzados sin realizar ajustes en los valores que pagan los usuarios finales resulta insostenible desde la perspectiva fiscal y operacional.

La iniciativa plantea un proceso gradual de implementación, reconociendo las dificultades que acarrea cualquier incremento de tarifas en servicios básicos para la población. Sin embargo, los documentos técnicos argumentan que esta medida es fundamental para evitar un colapso financiero mayor en las distribuidoras estatales y para garantizar la continuidad y calidad del servicio eléctrico en el país.