Gobierno dominicano emite decreto antes aranceles estadounidenses

Santo Domingo, República Dominicana — El presidente Luis Abinader formalizó el decreto 502-26, una normativa que establece restricciones para la entrada de productos elaborados bajo régimen de trabajo forzoso en el territorio nacional.

La iniciativa se concretó momentos antes de que la administración estadounidense implementara un gravamen del 12.5 % sobre las mercancías importadas desde República Dominicana, iniciativa que entró en vigor a partir de las 12:01 horas del viernes.

Washington justifica esta política arancelaria argumentando que diversas naciones carecen de mecanismos de supervisión adecuados para evitar el comercio de artículos manufacturados mediante explotación laboral. República Dominicana figura en esa clasificación con la alícuota más elevada entre todas las jurisdicciones alcanzadas por esta resolución.

El decreto 502-26 amplía las competencias atribuidas a la Dirección General de Aduanas, permitiéndole realizar tareas investigativas, mantener bajo custodia y paralizar ingresos de productos que presenten características sospechosas respecto a su procedencia.

Esta institución tendrá la potestad de ejecutar acciones preventivas cuando se identifiquen indicios razonables que sugieran irregularidades en la fuente de los productos que atraviesan las fronteras nacionales.

El Ministerio de Trabajo asume funciones como entidad técnica responsable del análisis y evaluación de cada supuesto planteado conforme a esta reglamentación. La norma establece, asimismo, requisitos adicionales para los operadores comerciales, obligándolos a suministrar documentación exhaustiva referente a sus cadenas de distribución y fabricación cuando les sea solicitado por las autoridades.

Entre los mecanismos implementados figuran la retención temporal de envíos sometidos a escrutinio y la elaboración de un catálogo de artículos cuya importación queda prohibida. La disposición incorpora garantías procedimentales que aseguran que empresas y personas que resulten afectadas por determinaciones aduanales conserven la oportunidad de presentar sus defensas.

La administración fundamentó este instrumento legal en las obligaciones internacionales contraídas por el Estado, destacando los compromisos establecidos mediante el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro América y Estados Unidos (DR-Cafta), así como los convenios suscritos ante la Organización Internacional del Trabajo.

Estos acuerdos constituyen el marco jurídico internacional que respalda la implementación de controles más rigurosos sobre las cadenas de valor y los estándares laborales en la producción de bienes destinados al comercio internacional.

La medida representa una respuesta proactiva del Gobierno dominicano ante la presión ejercida por Washington, demostrando su disposición para fortalecer los mecanismos de vigilancia comercial y cumplimiento normativo en materia laboral, en consonancia con las exigencias impuestas por los socios comerciales principales del país en el contexto de la integración económica regional.