Fiscal Valdez Alcántara afirma estar listo para enfrentar proceso

El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara afirmó este miércoles que enfrentará el proceso judicial que se sigue en su contra y que su principal interés es demostrar su inocencia, durante una audiencia celebrada en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

La declaración fue realizada en el marco del conocimiento de un recurso de apelación relacionado con la medida de coerción que actualmente lo mantiene bajo prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.

Valdez Alcántara es investigado por el Ministerio Público bajo la acusación de haber recibido presuntamente un soborno de 10 mil dólares de una persona vinculada a una investigación relacionada con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Durante su intervención ante el tribunal, el representante del Ministerio Público rechazó las imputaciones formuladas en su contra y aseguró que está dispuesto a colaborar plenamente con el proceso judicial.

“Como consta en el expediente, el Ministerio Público me acusa de cosas que no han ocurrido”, expresó durante la audiencia, reiterando que tiene la intención de enfrentar cada etapa del proceso conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

Asimismo, manifestó que no tiene intención de evadir la acción de la justicia y aseguró que desea esclarecer completamente los hechos investigados.

Según explicó, tanto él como su equipo legal han solicitado diversas diligencias que, a su juicio, contribuirían a demostrar que los acontecimientos no ocurrieron de la forma descrita en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador.

Durante la audiencia también cuestionó aspectos del desarrollo de la investigación, señalando que su defensa tuvo que recurrir a mecanismos judiciales para obtener determinados materiales que consideraba relevantes para ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

Valdez Alcántara sostuvo que algunas solicitudes de acceso a evidencias, incluyendo materiales audiovisuales, fueron obtenidas tras intervenciones judiciales destinadas a garantizar el acceso a la información requerida por sus abogados.

Además, afirmó que el principio de objetividad debe prevalecer durante todo proceso penal y que cualquier investigación debe desarrollarse respetando tanto los elementos que favorezcan como aquellos que perjudiquen a una persona investigada.

El fiscal también expresó que las diferencias personales entre funcionarios o investigadores no deberían influir en la conducción de un expediente judicial.

Al concluir su intervención, reiteró su disposición de colaborar con las autoridades y defendió su trayectoria profesional, señalando que su objetivo principal es preservar su honor, reputación e imagen pública.

La audiencia fue presidida por el magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia.

Por parte del Ministerio Público participaron Wilson Camacho, director general de Persecución, junto a los procuradores fiscales Andrés Mena y Eduardo Velázquez.

Durante la audiencia, Wilson Camacho presentó los argumentos del órgano acusador para justificar la permanencia de la medida de coerción impuesta al fiscal mientras continúan las investigaciones.

Según la posición expuesta por el Ministerio Público, existen elementos que sustentan la necesidad de mantener la prisión preventiva durante esta etapa del proceso.

Camacho afirmó ante el tribunal que la investigación sostiene que el entonces procurador fiscal habría recibido beneficios indebidos para favorecer a personas investigadas, argumento que forma parte de la acusación presentada por el órgano persecutor.

La decisión final sobre la medida de coerción corresponde ahora a los jueces de la Segunda Sala Penal, quienes deberán evaluar los planteamientos presentados por ambas partes antes de emitir una resolución.

El tribunal deberá determinar si mantiene la prisión preventiva impuesta inicialmente o si procede alguna modificación conforme a los elementos expuestos durante la audiencia.

El caso ha generado interés en distintos sectores debido a la relevancia institucional de las partes involucradas y a las implicaciones que podría tener para futuros procesos relacionados con investigaciones de presunta corrupción.

Diversos analistas jurídicos consideran que la decisión que adopte la Suprema Corte podría convertirse en un punto de referencia para casos similares vinculados a medidas de coerción y garantías procesales.

Mientras tanto, el proceso continúa bajo observación pública y mediática, a la espera de la resolución que definirá los próximos pasos dentro del expediente.

Por ahora, tanto la defensa como el Ministerio Público mantienen posiciones opuestas sobre los hechos investigados, mientras el tribunal analiza los argumentos presentados antes de emitir su decisión definitiva sobre la situación procesal de Aurelio Valdez Alcántara.