Especialista cuestiona reforma de herencias presentada en Senado Dominicano

Santo Domingo, República Dominicana – Un reconocido especialista en materia civil ha manifestado su preocupación respecto al proyecto legislativo que actualmente estudia el Senado de la República para transformar el marco normativo sobre herencias y sucesiones en el país. El jurista Enoé Domínguez Paulino señaló que esta iniciativa presenta importantes vacíos que demandan una revisión exhaustiva desde las perspectivas jurídica y social antes de que sea votada en la cámara alta.

De acuerdo con el análisis del especialista, el debate público que ha acompañado esta propuesta ha generado confusión al mezclar conceptos fundamentales. Específicamente, Domínguez Paulino indicó que se han entrelazado inadecuadamente los derechos que corresponden al cónyuge por la existencia de comunidad de bienes durante el matrimonio, con aquellos bienes que verdaderamente forman parte de la masa hereditaria disponible para distribuirse tras el fallecimiento de una persona.

La propuesta legislativa, que fue impulsada por Ricardo de los Santos, quien preside la cámara senatorial, tiene como propósito fundamental reconocer legalmente al cónyuge o a la pareja en unión consensual que sobrevive como heredero legítimo. En caso de aprobarse, esta persona tendría derecho a recibir una participación en la herencia que sea equivalente a la que corresponda a cada uno de los descendientes directos del fallecido.

En la actualidad, este proyecto legislativo se encuentra bajo análisis y revisión por parte de la Comisión de Justicia del Senado. Su objetivo principal es cerrar el vacío legal que quedó como consecuencia de la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 767 del Código Civil Dominicano, sentencia que generó incertidumbre en numerosas familias del territorio nacional.

Durante una intervención reciente, Domínguez Paulino subrayó que aunque la modificación de estas disposiciones pueda representar una necesidad genuina, esta no debe procesarse simplemente como una respuesta de carácter político o electoral. El jurista enfatizó la importancia de considerar factores fundamentales en la formulación de normativas de este alcance.

"Las leyes tienen que responder al momento histórico y a la realidad cultural de los pueblos", expresó el especialista durante una entrevista, insistiendo en la necesidad de que los legisladores tomen en consideración las características específicas de las estructuras familiares dominicanas y sus dinámicas particulares.

Los antecedentes de esta iniciativa legislativa remontan a una decisión judicial importante. El origen directo del actual debate no surge en el presente año, sino que proviene de una sentencia emitida por el Tribunal Constitucional bajo la referencia TC/0267/23, la cual fue dictada durante el mes de mayo del año 2023.

Esta acción constitucional fue presentada por un ciudadano identificado como Gabriel Santos, quien contaba con 78 años de edad al momento de presentar su recurso. Santos había mantenido una relación conyugal de larga duración con Gladis Virginia del Giudice Knipping, habiendo estado casados durante un período de 44 años antes de que ella falleciera.

El demandante sostuvo que la disposición contenida en el artículo 767 del Código Civil colocaba su condición de cónyuge sobreviviente en una posición desigual y discriminatoria frente a otros herederos. Argumentó que esta norma generaba una exclusión que contradecía principios constitucionales fundamentales de igualdad y protección de derechos patrimoniales de la familia.

La decisión del Tribunal Constitucional determinó la inconstitucionalidad de esta disposición legal, dejando un vacío normativo que ha generado incertidumbre en la interpretación y aplicación de las reglas sucesorias en el territorio dominicano. Esta situación ha motivado que diversos actores políticos y legisladores busquen presentar propuestas que regulen de manera clara la posición del cónyuge sobreviviente dentro del orden de sucesión.

La reforma propuesta representa un cambio significativo en la tradición legal dominicana respecto a cómo se distribuyen los bienes de una persona que ha fallecido. Actualmente, existen debates extensos sobre cuál sería la mejor manera de balancear los derechos del cónyuge con los derechos de los descendientes, considerando además casos de parejas en unión de hecho que no han formalizado matrimonio civil.

Diversos expertos, profesionales del derecho y representantes de organizaciones civiles han participado en el debate público sobre esta propuesta legislativa. Las posiciones varían respecto a si la participación del cónyuge debe ser igual a la de cada hijo, si debe existir una cuota inferior, o si deben considerarse circunstancias especiales según la composición de cada familia.

El especialista Domínguez Paulino continuó enfatizando que la Comisión de Justicia debe realizar un análisis pormenorizado de las implicaciones que traería esta reforma a las dinámicas familiares y económicas del país. Señaló que es fundamental escuchar las perspectivas de organizaciones de derechos civiles, sectores académicos y representantes de la sociedad civil antes de que se presente para votación en plenario.

La expectativa es que el Senado de la República continúe con el análisis exhaustivo de esta propuesta durante los próximos meses, permitiendo que todas las partes interesadas puedan contribuir al debate legislativo con argumentos sólidos y considerando las mejores prácticas aplicadas en otras jurisdicciones con sistemas legales similares al dominicano.