Escuela María Auxiliadora presenta graves daños estructurales antes clases

Hallazgos preocupantes en infraestructura educativa

La Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie) realizó un diagnóstico integral del plantel educativo María Auxiliadora localizado en La Loma de Chivo, en el barrio 27 de Febrero del Distrito Nacional. Los resultados del estudio revelan una serie de complicaciones estructurales que generan inquietud, especialmente considerando que el establecimiento atiende a la población estudiantil de la zona.

Deterioro acumulado en la estructura del inmueble

El documento técnico preparado por Onesvie detalla múltiples anomalías en la edificación, entre las que destacan grietas extensas distribuidas a lo largo de los muros y paredes internas, así como problemas significativos de infiltración de agua que comprometen la integridad del inmueble. Adicionalmente, el análisis registra la presencia de varillas de refuerzo corroídas y un hundimiento progresivo del terreno en sectores del complejo escolar.

La institución educativa fue edificada en el año 1994 y dispone de una extensión constructiva de 1,226.64 metros cuadrados. Teniendo en cuenta la antigüedad de la estructura y las condiciones climáticas a las que ha estado expuesta, los problemas identificados resultan especialmente relevantes para garantizar la seguridad de los estudiantes y del personal docente.

Evaluación técnica señala riesgos de seguridad

Conforme al informe especializado de Onesvie, la edificación experimenta condiciones que podrían derivar en un colapso estructural. Las deficiencias se localizan fundamentalmente en los sistemas de muros, vigas y columnas de concreto que constituyen el esqueleto resistente del edificio. El documento cuantifica el nivel de daño identificado en un 26.4 %, lo que sitúa al inmueble en una categoría que merece atención inmediata.

Este diagnóstico cobra mayor trascendencia considerando que el centro educativo está próximo a recibir a cientos de estudiantes cuando inicie el nuevo período académico. Las autoridades educativas y de infraestructura deberán evaluar acciones preventivas para resguardar a la comunidad escolar.

Las filtraciones comprometen elementos fundamentales

Uno de los problemas más preocupantes identificados en el estudio refiere a las infiltraciones de agua que han penetrado la estructura a través de los años. Estos flujos de humedad no representan únicamente un problema estético o de confort, sino que han generado daños significativos en componentes estructurales esenciales de la construcción.

De acuerdo con el análisis técnico, el agua ha provocado el deterioro progresivo de la mezcla de concreto ubicada en las losas de techo, mientras que simultáneamente ha acelerado los procesos de oxidación en las barras de refuerzo metálico incrustadas en la estructura. Este fenómeno resulta especialmente crítico porque el concreto y las varillas de acero funcionan de manera solidaria para proporcionar la capacidad de carga y resistencia necesarias en elementos constructivos vitales, como columnas, vigas y entrepisos.

La combinación del concreto deteriorado con varillas oxidadas reduce sustancialmente la capacidad portante de estos elementos, transformando lo que podría parecer un daño superficial en una vulnerabilidad estructural profunda y generalizada.

Implicaciones para la seguridad escolar

Las conclusiones del informe técnico de Onesvie subrayan que los problemas detectados no se limitan exclusivamente a fisuras visibles en las superficies de paredes y muros. El análisis revela que existen deterioros internos y progresivos en la matriz estructural que soporta toda la edificación, requiriendo intervenciones especializadas para restaurar las condiciones óptimas de seguridad.

La institución educativa María Auxiliadora, que ha servido a la comunidad del barrio 27 de Febrero durante casi tres décadas, requiere de evaluaciones complementarias y posibles trabajos de refuerzo o rehabilitación que garanticen un ambiente seguro para el desarrollo de actividades académicas. Las autoridades competentes deberán definir las medidas necesarias para asegurar la protección de estudiantes, docentes y personal administrativo.