Escándalo en la OGTIC y funcionarios

La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OGTIC), dirigida por Bartolomé Pujals, enfrenta fuertes cuestionamientos tras adjudicar un contrato por más de 295 millones de pesos para el alquiler de un local en Punta Cana, cuya construcción aún no ha comenzado.

Un reportaje del programa Toda la Verdad reveló que el contrato fue otorgado a Jacinto Badui Howley-Dumit Serulle, quien posee un acuerdo de 20 años con el fideicomiso Velero At Punta Cana, responsable del proyecto. Entre las anomalías identificadas se encuentran:

• Descripción técnica dudosa: El local en cuestión aún no existe, pero en los documentos figura como listo para ser alquilado.
• Beneficio a terceros: El fideicomiso Velero At Punta Cana tiene como beneficiario final a Carlos Bonilla, actual ministro de Vivienda, lo que plantea un posible conflicto de intereses.
• Modificaciones contractuales: Se eliminó la cláusula "llave en mano", permitiendo justificar que el local no estuviera listo para su uso inmediato.

En octubre de 2024, Jacinto Badui presentó su renuncia al contrato, argumentando retrasos en la construcción y problemas de salud. Según su declaración, el local no estaría disponible antes de marzo de 2025, lo que pone en duda la viabilidad del acuerdo inicial.

El proceso inició en diciembre de 2023, pero fue declarado desierto antes de ser retomado en 2024 bajo un nuevo número de licitación. Este cambio en las bases y procedimientos ha despertado sospechas sobre la transparencia del proceso.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre estas revelaciones. Sin embargo, el caso ha generado indignación pública y demandas de mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los fondos públicos.

Este caso subraya la necesidad de una auditoría exhaustiva y la implementación de medidas más estrictas para evitar irregularidades en la contratación pública, asegurando que los recursos del Estado sean utilizados de manera eficiente y ética.

La atención ahora se centra en las acciones que tomarán las autoridades y los organismos de supervisión para aclarar las circunstancias que rodean este polémico contrato.