Dos dominicanos condenados esquema fraude financiero Estados Unidos

hace 20 horas

Un tribunal federal de Estados Unidos ha dictado sentencia condenatoria contra dos ciudadanos dominicanos por su participación en una operación sofisticada de fraude financiero que afectó principalmente a adultos mayores en el territorio estadounidense. La jueza federal Nora Barry Fischer determinó penas de dos años de encarcelamiento para cada uno de los acusados, además de establecer períodos de supervisión posteriores a su liberación.

Los condenados fueron identificados como Luis Alfonso Bisonó Rodríguez, de 35 años de edad, y Engels Guillermo Almengot Valerio, de 26 años. Ambos procesados deberán cumplir además tres años adicionales de supervisión una vez completen sus respectivas condenas de prisión. Bisonó Rodríguez residía en la ciudad de Cleveland, ubicada en el estado de Ohio, mientras que Almengot Valerio mantenía domicilio en Paterson, Nueva Jersey, conforme consta en los registros del proceso judicial.

Durante el procedimiento ante las cortes federales, quedó establecido que los fondos manejados por ambos sujetos provenían de un sofisticado esquema de suplantación de identidad. Esta operación delictiva se enfocaba específicamente en defraudar a personas adultas mayores mediante técnicas de engaño coordinadas desde territorio dominicano.

El modus operandi detectado por las autoridades federales funcionaba de la siguiente manera: integrantes del grupo delictivo realizaban llamadas telefónicas a las víctimas, haciéndose pasar por nietos u otros miembros cercanos de la familia. En estos contactos, los estafadores aseguraban encontrarse en situaciones de emergencia que requerían dinero de manera inmediata y urgente.

Una vez conseguían convencer a las personas contactadas de la supuesta urgencia de la situación, los defraudadores coordinaban con conductores de servicios de transporte compartido para que acudieran al domicilio de las víctimas y recolectaran directamente el efectivo solicitado. Los choferes posteriormente trasladaban esos fondos hacia otras personas vinculadas directamente con la operación delictiva.

Las investigaciones revelaron que Bisonó Rodríguez y Almengot Valerio desempeñaban papeles específicos dentro de esta estructura delictiva. Ambos recibían el dinero directamente de los conductores que realizaban las recogidas en el territorio estadounidense. Posteriormente, manejaban esos recursos mediante diferentes canales financieros.

Respecto al destino de los fondos defraudados, los investigadores federales determinaron que una porción significativa era depositada en diferentes cuentas bancarias ubicadas en Estados Unidos. Sin embargo, otras cantidades considerables de dinero eran enviadas mediante transferencias internacionales directamente hacia República Dominicana, donde presumiblemente se encontraban los coordinadores principales de la operación.

Las autoridades federales también documentaron que Engels Guillermo Almengot Valerio participaba activamente en la coordinación de varias de las recogidas realizadas mediante el servicio de transporte compartido. Su nivel de involucramiento en la estructura organizativa del esquema defraudulento quedó ampliamente demostrado durante el proceso judicial que condujo a su actual condena.

Este caso representa un ejemplo más de las operaciones delictivas transnacionales que afectan a ciudadanos estadounidenses, particularmente a la población de adultos mayores, quienes resultan siendo víctimas frecuentes de este tipo de engaños sofisticados coordinados desde el exterior. Las sentencias impuestas buscan desincentivar la participación en esquemas de fraude financiero internacional.

Las cortes federales estadounidenses han intensificado sus esfuerzos para enjuiciar y condenar a individuos involucrados en fraudes dirigidos contra adultos mayores. Tanto Bisonó Rodríguez como Almengot Valerio permanecerán bajo custodia del sistema penitenciario federal mientras cumplen sus respectivas sentencias de dos años de encarcelamiento. Una vez completen estas penas, ambos estarán sujetos a periodos de supervisión que se extenderán por tres años adicionales, durante los cuales deberán reportarse regularmente ante las autoridades competentes.

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