Nueva York, EE. UU. — El empresario dominicano José Uribe, de 58 años, fue condenado a seis meses de arresto domiciliario y tres años de libertad supervisada tras admitir su participación en un caso de corrupción política que involucra al exsenador demócrata Robert “Bob” Menéndez, quien presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
La sentencia fue emitida por un tribunal federal de Nueva York después de un proceso judicial ampliamente seguido por los medios internacionales, donde Uribe reconoció haber entregado beneficios económicos indebidos a Menéndez a cambio de favores políticos.

Pese a que enfrentaba una posible pena de más de 95 años de prisión, el empresario evitó la cárcel gracias a su colaboración con la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, convirtiéndose en testigo principal del caso. Su testimonio y la documentación aportada fueron considerados determinantes para sostener las acusaciones contra el exlegislador y su esposa, Nadine Menéndez, ambos declarados culpables de delitos de corrupción.
El juez federal que presidió el proceso destacó la importancia del papel desempeñado por Uribe, describiendo su cooperación como “esencial” para desentrañar lo que calificó como una trama de corrupción política de alto nivel. Por esa razón, fue el único de los implicados que no recibió prisión efectiva, un beneficio sustentado en la magnitud de la información que ofreció.

Durante el juicio, el empresario dominicano testificó durante varios días, presentando evidencias que, según la Fiscalía, demostraron con claridad la red de sobornos y tráfico de influencias que operó entre 2018 y 2023. Entre los elementos aportados se incluyen comunicaciones, registros financieros y documentos de reuniones, los cuales resultaron claves para el veredicto final.
El abogado defensor, Daniel J. Fetterman, subrayó que su cliente asumió un riesgo personal considerable al colaborar con las autoridades, revelando que la esposa de Uribe fue intimidada por desconocidos durante el desarrollo de las investigaciones. A pesar de ello, Uribe mantuvo su compromiso de cooperar con la justicia, brindando información en 36 reuniones oficiales con fiscales federales entre 2023 y 2025.

La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York calificó el caso como uno de los procesos anticorrupción más relevantes de la última década en Estados Unidos, al evidenciar el uso del poder público con fines personales y el intercambio de favores entre funcionarios y empresarios.
Con la sentencia de Uribe, el Departamento de Justicia da por concluido un expediente que expuso el alcance de la corrupción dentro de las estructuras políticas federales y consolidó la figura del empresario dominicano como pieza clave en el esclarecimiento del caso Menéndez.