Dominicana sentenciada por fraude fiscal en Nueva York recibe condena

Nueva York, Estados Unidos — Un tribunal federal ha dictado sentencia en contra de la ciudadana dominicana Damaris Beltré, de 59 años de edad, quien fue hallada responsable de su participación en operaciones de fraude fiscal que generaron pérdidas considerables para las arcas federales estadounidenses. La resolución judicial, emitida el 8 de octubre del año 2026 por el honorable juez federal Sanket J. Bulsara, contempla una condena de cuatro años en una institución penitenciaria federal, además de una orden de restitución económica por la cantidad de US$11,629,000.

Esta determinación se produce como resultado de una investigación integral en la que se examinaron estructuras fraudulentas relacionadas con presentaciones de documentos fiscales irregulares e irregularidades en la utilización de fondos de asistencia social que fueron establecidos durante el período de emergencia sanitaria causada por la pandemia de coronavirus. El caso fue procesado bajo la jurisdicción de la Fiscalía Federal correspondiente al Distrito Este de Nueva York.

Los registros de la investigación indican que Beltré ejercía control administrativo sobre múltiples establecimientos comerciales ubicados en Freeport, Long Island, que se especializaban en la prestación de servicios relacionados con la preparación y elaboración de documentos tributarios para sus clientes.

De conformidad con los hallazgos de las autoridades federales, durante el período comprendido entre enero del año 2021 y abril del año 2024, los establecimientos dirigidos por la acusada procesaron una cantidad significativa de declaraciones fiscales que contenían información falsa o adulterada con el propósito deliberado de obtener reembolsos tributarios que superaban considerablemente aquellos a los cuales los contribuyentes tenían legítimo derecho.

Dentro de las irregularidades documentadas por los investigadores figuraban la inclusión de dependientes ficticios en los documentos presentados ante las autoridades fiscales, así como solicitudes improcedentes de créditos tributarios que se vinculaban directamente con programas de subsidio implementados durante la crisis sanitaria internacional, incluyendo beneficios relacionados con carburantes y otros apoyos gubernamentales.

Como consecuencia de estas maniobras irregulares, múltiples contribuyentes lograron recibir reembolsos tributarios a través de presentaciones fraudulentas que carecían de fundamento legal o administrativo. El Servicio de Rentas Internas, popularmente conocido como el IRS por sus siglas en idioma inglés, realizó desembolsos aproximados de US$11 millones derivados directamente de las declaraciones de impuestos presentadas de manera fraudulenta.

Esquema de operaciones fraudulentas

La investigación llevada a cabo por agentes especiales y fiscales federales reveló que la operación funcionaba mediante un sistema coordinado donde se preparaban declaraciones tributarias deliberadamente defectuosas. Estas documentaciones contenían reclamos inflados de deducciones, créditos tributarios no autorizados y referencias a dependientes que no existían.

El esquema aprovechaba sistemáticamente los programas de auxilio económico que fueron diseñados para brindar respaldo a trabajadores y negocios durante la emergencia de salud pública ocasionada por la pandemia de COVID-19. Entre los programas mal utilizados se encontraban aquellos destinados a proporcionar créditos relacionados con combustibles y otros beneficios de naturaleza similar.

Según los reportes de investigación, los fondos obtenidos ilícitamente mediante estas prácticas fraudulentas fueron utilizados por parte de la acusada para adquirir diversos bienes de valor, incluyendo artículos de joyería de alto precio, un vehículo automotor de la marca Honda, así como una propiedad inmueble localizada en territorio dominicano.

Consecuencias legales y orden de restitución

El tribunal federal, al momento de pronunciar la sentencia, consideró la gravedad de los delitos cometidos, la cantidad de fondos públicos desviados de sus propósitos legítimos, y el impacto negativo causado a la integridad del sistema tributario estadounidense. Por tales razones, el juez Bulsara determinó que además de la condena privativa de libertad por cuatro años, Beltré debe efectuar el pago íntegro de US$11,629,000 como compensación por los daños y perjuicios ocasionados.

Este caso representa un ejemplo significativo del compromiso de las autoridades federales estadounidenses en la persecución de delitos relacionados con fraude tributario y malversación de fondos públicos. La Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York continúa investigando posibles vínculos adicionales y participantes en esquemas similares de defraudación al gobierno federal.

Expertos en materia tributaria han señalado que esta sentencia sirve como advertencia importante para aquellas personas que participan en la preparación de documentos fiscales, recordándoles sus responsabilidades legales y las severas consecuencias que conlleva la participación en operaciones fraudulentas contra el sistema tributario norteamericano.

La acusada tiene la posibilidad de apelar la sentencia dentro de los plazos establecidos por la ley procesal federal. Sin embargo, los antecedentes del caso sugieren un expediente bien documentado y sólido que fue presentado ante el tribunal durante las audiencias correspondientes.