Dominicana retenida en Venezuela solicita intervención presidencial

Santo Domingo, República Dominicana. Dayana Heredia, ciudadana dominicana que se encuentra retenida en territorio venezolano desde el mes de julio del año 2024, dirigió un mensaje de auxilio al mandatario nacional Luis Abinader solicitando intervención en su caso y exploración de alternativas que faciliten su retorno al país. La joven realizó esta petición a través de un registro videográfico en el cual compartió detalles de los acontecimientos que, conforme a su versión de los hechos, la condujeron hasta la nación caribeña vecina.

En el mensaje, Heredia explicó las complicadas circunstancias de su situación y solicitó asistencia estatal para conocer el estado actual de su proceso legal. Adicionalmente, su grupo familiar ha manifestado la necesidad de que instituciones dominicanas realicen un seguimiento exhaustivo de su caso y proporcionen apoyo en el acceso a información sobre sus condiciones presentes en el territorio bolivariano.

De conformidad con el relato expuesto por la ciudadana, Heredia habría sido víctima de una organización criminal dedicada al transporte no autorizado de personas originarias desde territorios colombianos, la cual presumiblemente contaba con conexiones con nacionales dominicanos implicados en estas operaciones irregulares.

Conforme al testimonio de Heredia, los operarios de la red delictiva le comunicaron inicialmente que su destino sería territorio europeo, específicamente España. No obstante, el trayecto culminó en suelo venezolano, donde pasó a estar bajo vigilancia de efectivos pertenecientes a la institución castrense conocida como Guardia Nacional Bolivariana, entidad responsable de su detención y custodia.

Las autoridades competentes en Venezuela instauraron posteriormente un proceso penal en contra de la dominicana, fundamentando los cargos en materiales hallados dentro de su dispositivo móvil que, según la acusación oficial, estarían relacionados con contenido de carácter restringido. Los allegados de Heredia sostienen que esta determinación resultó de un procedimiento que consideran injustificado y desproporcionado en su evaluación inicial.

Según información proporcionada por integrantes de su familia, Heredia fue condenada a cumplir una pena de veintiún años de privación de libertad. El núcleo familiar considera que esta sentencia es excesiva respecto a los cargos formulados y ha expresado su convencimiento de que organismos estatales dominicanos deben involucrarse activamente para revisar y, potencialmente, obtener una reducción de la medida dictada.

Búsqueda de apoyo consular y gestión institucional

Los familiares de Heredia han indicado que desde el inicio de las diligencias judiciales han presentado solicitudes reiteradas al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad competente en materia de asuntos consulares internacionales, pidiendo asistencia diplomática y acompañamiento en el proceso. La familia desea que el ministerio facilite acceso a información periódica sobre el estado de salud y bienestar de la joven, así como detalles actualizados respecto a su condición dentro del sistema penitenciario venezolano.

Heredia y sus allegados confían en que las gestiones diplomáticas pertinentes puedan resultar en un beneficio legal que permita la revisión de su sentencia o en alternativas que conduzcan a su liberación. Este caso representa una de múltiples situaciones que afectan a ciudadanos dominicanos en el extranjero, evidenciando la vulnerabilidad de nacionales que se ven envueltos en dinámicas delictivas sin clara responsabilidad en los hechos.

El caso ha generado atención en círculos de derechos humanos y organizaciones de apoyo familiar, que resaltan la necesidad de fortalecer mecanismos de protección consular para dominicanos en situaciones de riesgo. Las autoridades correspondientes en República Dominicana aún no han emitido pronunciamientos públicos detallados sobre las gestiones que se adelantan específicamente en el caso Heredia, aunque se espera que en próximas semanas haya avances en las coordinaciones diplomáticas.

Mientras tanto, la familia continúa realizando gestiones particulares y ha intensificado sus esfuerzos comunicacionales para visibilizar el caso ante opinión pública dominicana, esperando que la presión mediática y la intervención del nivel más alto del ejecutivo nacional contribuyan a resolver esta compleja situación consular. Los allegados mantienen la esperanza de que pronto se logren avances significativos que permitan el retorno de Dayana a su hogar en República Dominicana.