Dictan medida contra involucradas en caso de jovencita Conani

Las autoridades judiciales de la República Dominicana dispusieron este lunes una medida de 30 días de internamiento provisional contra tres adolescentes de 14, 16 y 17 años, quienes son investigadas en relación con la muerte de una menor que se encontraba bajo la protección del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).

La decisión fue adoptada por la jueza Nicol Mejía, de la Segunda Sala Penal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santo Domingo, durante una audiencia celebrada en el sistema especializado para menores de edad.

De acuerdo con la resolución emitida por el tribunal, la medida cautelar deberá cumplirse en el Instituto Preparatorio de Señoritas de Villa Consuelo, mientras el Ministerio Público continúa desarrollando las investigaciones correspondientes para esclarecer completamente los hechos.

Las tres adolescentes enfrentan una acusación provisional relacionada con homicidio, según informó el abogado de la familia de la víctima, Féliz Prensa, al concluir la audiencia judicial.

El representante legal explicó que todavía existen numerosos elementos que deben ser investigados para determinar con precisión qué ocurrió y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas en el caso.

“En este momento las investigaciones continúan. Será el proceso investigativo el que permita establecer con claridad la verdad de los hechos”, manifestó el abogado tras salir de la sala de audiencia.

Uno de los aspectos que podría resultar clave para el desarrollo del expediente es la declaración de una persona considerada testigo importante por los investigadores.

Según explicó Prensa, dicha entrevista será realizada mediante una cámara Gesell, un mecanismo especializado utilizado para obtener testimonios en casos que involucran a menores de edad, garantizando condiciones adecuadas para la protección de los participantes.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la familia de la adolescente fallecida continúa reclamando respuestas y justicia.

Durante las últimas horas, familiares de la víctima expresaron públicamente su dolor y cuestionaron diversos aspectos relacionados con el proceso institucional que rodeó la situación de la menor antes de su fallecimiento.

Entre las personas que ofrecieron declaraciones se encuentra Reinada Paul, tía de la adolescente, quien manifestó su inconformidad respecto a las decisiones adoptadas por los organismos responsables de la protección de la menor.

La familiar sostuvo que durante varios momentos intentó gestionar alternativas para que la adolescente permaneciera en un entorno familiar, argumentando que su hogar reunía condiciones adecuadas para recibirla.

Según explicó, representantes institucionales visitaron su residencia y realizaron evaluaciones correspondientes, aunque finalmente la menor continuó bajo tutela estatal.

La mujer indicó que tanto ella como otros familiares realizaron múltiples gestiones buscando obtener respuestas sobre la situación de la adolescente, sin lograr los resultados esperados.

Asimismo, expresó el profundo dolor que atraviesa la familia tras el desenlace ocurrido y aseguró que continuarán buscando explicaciones sobre todo lo sucedido.

Otro de los temas abordados durante la audiencia estuvo relacionado con la entrega del cuerpo de la menor fallecida.

De acuerdo con el abogado de la familia, los parientes solicitaron formalmente al tribunal que se autorizara la entrega para poder realizar los actos funerarios correspondientes.

Según explicó, la jueza acogió dicha solicitud y ordenó que se procediera conforme a los protocolos establecidos para esos casos.

Las investigaciones revelan que tanto la víctima como las adolescentes imputadas se encontraban bajo la protección de Conani al momento de ocurrir los hechos que hoy son objeto de investigación.

El Ministerio Público sostiene de manera preliminar que existieron acciones intencionales que provocaron daños a la menor. Sin embargo, las adolescentes investigadas ejercieron su derecho constitucional a guardar silencio durante esta etapa inicial del proceso.

Especialistas recuerdan que los casos que involucran a menores de edad son procesados bajo una legislación especial que establece procedimientos distintos a los aplicados en la jurisdicción de adultos.

Por esa razón, cualquier eventual sanción estaría regulada por las disposiciones contenidas en el sistema de justicia para adolescentes vigente en la República Dominicana.

Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas, entrevistas y elementos periciales con el objetivo de reconstruir completamente lo ocurrido.

El caso ha generado gran atención pública debido a las circunstancias que rodean la investigación y al hecho de que todos los involucrados se encontraban bajo protección institucional.

Familiares de la víctima mantienen la esperanza de que las pesquisas permitan esclarecer cada detalle del caso y determinar las responsabilidades correspondientes conforme a la ley.