Conocido como Luisito la Uva

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ha determinado las medidas de coerción para Luis Alberto Ramos Sanz, alias "Luisito la Uva", quien enfrenta acusaciones de liderar una organización de narcotráfico y estar relacionado con la muerte de 10 individuos. Para Ramos Sanz, se ha establecido una fianza de 300 mil pesos, la cual deberá ser gestionada mediante una compañía aseguradora.

Randel Guillermo Adans, conocido como "Mano Suave", y Jennifer María Cruz Montolio, pareja de Luisito, también enfrentan medidas de coerción. A Adans se le ha impuesto una garantía económica de 50 mil pesos y a Cruz Montolio, una garantía de 100 mil pesos. Ambos tienen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse periódicamente los días 25 de cada mes.

A los tres implicados se les imputan cargos de narcotráfico y posesión ilegal de armas de fuego.

La defensa de los acusados alega que sus derechos fueron vulnerados, citando presuntas agresiones por parte del Ministerio Público y la Policía Nacional. David Marte, abogado de los procesados, sostiene que no se presentó la copia de la orden de allanamiento durante el registro de la vivienda.

El 20 de agosto, el Departamento de Persecución de Drogas Narcóticas de la Fiscalía de Santiago localizó a Sanz en un apartamento en el Residencial Vista Sol en La Barranquita, tras recopilar información confidencial. Sanz, con antecedentes penales y por homicidio en Montecristi, fue detenido en posesión de 403 porciones de un polvo presumiblemente cocaína, con un peso cercano a 222.5 gramos. También se incautó una pistola Glock, modelo 17, calibre 9 milímetros, junto a ocho cápsulas y dos cargadores, uno de ellos con capacidad para 30 cápsulas.

Además, se confiscaron 32,500 pesos en efectivo, una cantidad de marihuana estimada en 2.1 gramos, balanzas digitales, una trituradora, joyería, una llave para vehículo y un celular iPhone modelo 12 Pro.

Ante estas pruebas, la Fiscalía de Santiago ha solicitado medidas de coerción que incluyen un año de prisión preventiva para los detenidos y ha enviado las sustancias incautadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para su análisis y determinación de su naturaleza.