El Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida y amplía la duración del mandato a seis años. La decisión fue respaldada por 57 votos a favor, en su mayoría del partido oficialista Nuevas Ideas, liderado por el presidente Nayib Bukele.
La reforma también elimina la segunda vuelta electoral y adelanta las elecciones generales para marzo de 2027. La sesión legislativa se realizó al inicio del período de vacaciones nacionales, lo que ha generado críticas sobre la transparencia y celeridad con la que se tramitó el cambio.
“Gracias por hacer historia, colegas diputados”, expresó Ernesto Castro, presidente del Parlamento, tras la votación. Mientras tanto, la oposición, reducida a solo tres escaños, calificó el hecho como un quiebre del orden democrático.
La diputada Marcela Villatoro criticó la medida al afirmar: “Se quitaron las máscaras”, refiriéndose a una supuesta pérdida de valores democráticos. Por su parte, Ana Figueroa, quien propuso la reforma, defendió la iniciativa argumentando que busca permitir la continuidad del respaldo popular al presidente sin restricciones electorales.
Desde su llegada al poder en 2019 y su reelección en 2024 con un 85 % de apoyo, Bukele ha consolidado su influencia sobre las principales instituciones del país. El oficialismo sostiene que es el pueblo quien debe decidir hasta cuándo permanece un mandatario en el cargo.
Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado su alarma. Miguel Montenegro, de la Comisión de Derechos Humanos, declaró que la democracia salvadoreña está “completamente desequilibrada”. Human Rights Watch incluso comparó el rumbo del país con el de Venezuela.
El Salvador permanece bajo un régimen de excepción desde 2022, implementado para enfrentar la violencia de pandillas. Si bien ha reducido los niveles de criminalidad, la medida ha conllevado 87,000 detenciones, muchas de ellas denunciadas como arbitrarias. La organización Cristosal reporta al menos 430 muertes bajo custodia estatal durante este período.
La reciente detención de la abogada Ruth López, conocida por denunciar presuntas irregularidades, ha intensificado las preocupaciones de activistas, periodistas independientes y organizaciones internacionales.
Con esta reforma, El Salvador entra en una nueva etapa política marcada por la eliminación de los límites constitucionales y un reforzamiento del poder presidencial en manos del oficialismo.
