Condenan a dominicana en Estados Unidos por lavado de dinero

Washington, Estados Unidos — Las autoridades federales estadounidenses han impuesto una sentencia significativa contra Lorena Pérez Herrera, ciudadana naturalizada con vínculos dominicanos, quien fue condenada el sábado por participación activa en un sofisticado esquema de blanqueo de capitales que comprometió la integridad financiera de numerosas instituciones públicas y privadas.

El magistrado Matthew J. Maddox emitió una resolución que contempla una pena privativa de libertad de veinticuatro meses, seguida de doce meses de libertad supervisada con todas las restricciones correspondientes. Adicionalmente, la sentencia incluye una obligación de restitución económica que alcanza la suma de 1.47 millones de dólares, cantidad que deberá ser pagada para compensar a las víctimas del delito.

La conclusión de este caso se materializó luego de que Pérez Herrera admitiera formalmente su culpabilidad durante los procedimientos judiciales en marzo de 2025, reconocimiento en el cual asumió responsabilidad directa por su rol central dentro de la red delictiva dedicada al ocultamiento de fondos de origen ilícito.

Conforme a los documentos que reposan en los archivos judiciales correspondientes, el esquema permitió la circulación de aproximadamente 1.5 millones de dólares mediante operaciones financieras estratégicamente diseñadas para disfrazar completamente el origen criminal de tales recursos económicos y evitar detección por parte de las autoridades regulatorias.

La investigación de este caso complejo estuvo bajo la dirección y coordinación de la fiscal federal Kelly O. Hayes, quien contó con el apoyo decisivo de varias agencias especializadas en aplicación de la ley. Entre estas instituciones se encuentran Homeland Security Investigations (HSI), la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina del Inspector General de la Agencia de Protección Ambiental, todas actuando en coordinación para desmantelar la estructura delictiva.

Las actividades ilícitas que conformaban este esquema operaron de forma continua durante un período de aproximadamente cuarenta y siete meses, comenzando en el año 2020 y extendiéndose hasta noviembre del año 2023. Durante este intervalo temporal, los participantes ejecutaron múltiples operaciones transaccionales con el propósito específico de enmascarar y ocultar la naturaleza delictiva de los fondos que circulaban a través de diversos canales financieros.

Las investigaciones revelaron que este dispositivo criminal logró causar daño significativo a un espectro amplio de instituciones y organizaciones ubicadas en territorio estadounidense. Los afectados incluyen un fideicomiso de carácter ambiental, un programa establecido para reurbanización urbana, un centro de servicios médicos, una empresa prestadora de servicios de logística y distribución, así como un distrito escolar responsable de la educación de menores.

Para ejecutar las maniobras de blanqueo, los integrantes de la red criminal utilizaron como instrumentos principales entidades empresariales de carácter ficticio y cuentas bancarias abiertas bajo identidades falsas o empresas registradas únicamente con fines de ocultamiento. Estas estructuras fueron empleadas estratégicamente para recibir transferencias de fondos y posteriormente movilizarlos entre diferentes instituciones financieras, evitando así generar alertas que pudieran despertar sospechas en los sistemas de control regulatorio.

De acuerdo con los registros oficiales y documentación judicial disponible en cortes federales estadounidenses, el volumen total de dinero que circuló mediante este esquema asciende a más de 20 millones de dólares, cifra que representa la magnitud de la operación ilícita desmantelada por las autoridades.

El expediente judicial que se originó de las investigaciones contiene información referente a catorce personas acusadas en conexión directa con las actividades del esquema de blanqueo de capitales. De este total de acusados, trece han presentado declaraciones formales de culpabilidad ante la corte federal competente, aceptando responsabilidad por sus respectivas participaciones en la estructura delictiva, mientras que se continúan procesando los casos de los demás implicados conforme a los procedimientos establecidos en el sistema judicial estadounidense.