Certificado médico revela nuevo giro en caso Miguelito

hace 8 horas · Actualizado hace 4 horas

San Cristóbal, República Dominicana — Un documento médico ha salido a la luz recientemente en relación al caso de Miguel Antonio Lucas, quien se encontraba bajo custodia en la Dirección Regional de la Policía Nacional ubicada en San Cristóbal, conocida como "La 17". Este hallazgo introduce elementos que cuestionan la versión inicial de los hechos y reaviva las investigaciones sobre lo ocurrido durante su permanencia en el destacamento.

Un informe clínico practicado al ciudadano antes de su ingreso a las instalaciones policiales determinó que el individuo no exhibía evidencias de trauma o daño físico producto de agresiones, conforme fue comunicado por su representante legal y familiar, Carlos Rodríguez.

El profesional del derecho detalló que la revisión clínica se efectuó el 8 de julio de 2026 en el Hospital Regional Juan Pablo Pina, cumpliendo con los protocolos establecidos previo a cualquier traslado hacia una dependencia policial.

Protocolo obligatorio en custodia policial

De acuerdo con lo explicado por Rodríguez, esta evaluación forma parte de procedimientos mandatorios que requieren que los funcionarios responsables de la captura constaten el estado físico completo de la persona aprehendida antes de su conducción hacia una instalación de retención, garantizando así un registro documentado de su condición inicial.

Este documento adquiere considerable importancia en la medida que contrasta con las declaraciones iniciales de los voceros oficiales y fortalece los reclamos presentados por los allegados respecto a los sucesos que tuvieron lugar mientras permanecía bajo resguardo.

Antecedentes del caso

Miguel Antonio Lucas, identificado popularmente como "Miguelito", contaba con aproximadamente 44 años de edad y mantenía su residencia en el sector Calle Bonita, dentro de la zona de Hatillo, jurisdicción de San Cristóbal.

La aprehensión se llevó a cabo el 8 de julio del año en curso, siendo ejecutada por el capitán José Luis Lorenzo, quien se desempeña en la Dirección de Inteligencia Delictiva, bajo alegaciones que lo vinculaban con la posesión de un dispositivo de procesamiento de pagos sin las autorizaciones correspondientes.

Circunstancias de la detención

El progenitor del detenido formuló una protesta pública indicando que el procedimiento de captura tuvo lugar en el domicilio familiar sin que se exhibiera documento judicial alguno que lo autorizara ante quienes se encontraban presentes en el lugar en aquel momento.

La persona permaneció en condición de prisionero durante un lapso aproximado entre seis y siete jornadas consecutivas dentro de la Dirección Regional de la Policía Nacional ubicada en San Cristóbal, específicamente en "La 17", sin que se le permitiera comunicación oportuna con su equipo de defensa legal.

Denuncias familiares y nueva evidencia

Durante este período de confinamiento, los miembros de su familia realizaron publicaciones documentando lo que denominaron como trato inadecuado, refiriendo la presencia de marcas corporales evidentes, elevaciones anómalas de temperatura corporal sostenidas por no menos de tres días consecutivos, así como impedimentos para ingerir alimentos de manera regular.

La presentación de este certificado médico inaugural genera interrogantes fundamentales que el abogado Rodríguez ha comenzado a formular públicamente, cuestionando la coherencia entre lo registrado en el documento clínico inicial y los hechos alegados posteriormente sobre el estado del detenido.

Las autoridades competentes continúan con los trámites correspondientes para esclarecer completamente los eventos acaecidos durante la custodia en las instalaciones de "La 17", mientras tanto, este nuevo elemento probatorio se suma a los antecedentes documentales del caso.

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