En un reciente fallo en el Distrito Judicial de Santiago, la jueza Yiberty Polanco impuso medidas cautelares a Elizabeth Santana, quien está acusada de agredir con un bisturí a Mayory Espinal en el sector Buenos Aires de la ciudad.
La magistrada decidió que Santana deberá pagar una garantía económica de RD$300,000 a través de una compañía aseguradora. Además, se estableció que la acusada no podrá salir del país y deberá presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales. También se emitió una orden de protección a favor de la víctima, Mayory Espinal, para resguardar su seguridad.
Aunque la jueza no consideró necesario imponer la prisión preventiva en este caso, la decisión ha generado controversia. La parte acusadora no descarta apelar la sentencia, ya que consideran que el ataque realizado por Santana podría haber sido una tentativa de homicidio debido a la gravedad de las heridas sufridas por Espinal.
Por su parte, Mayory Espinal expresó su preocupación tras la decisión, señalando que teme por su vida debido a las amenazas que ha recibido de parte de los familiares de la acusada, quienes ahora que Santana se encuentra en libertad, podrían representarle un peligro.
Este caso pone de manifiesto la tensión existente entre el sistema judicial y las medidas cautelares, especialmente en situaciones de violencia en las que la víctima teme por su seguridad. La decisión de la jueza de no imponer prisión preventiva ha sido un punto de discusión entre quienes consideran que la gravedad del delito amerita medidas más severas.
