Alejandro Roberto Bello

El municipio de Quisqueya, en San Pedro de Macorís, se encuentra en el centro de una polémica tras la divulgación de detalles sobre dos maestros acusados de presunto abuso sexual en perjuicio de una estudiante de 13 años de la Escuela La Siria. Este caso ha generado indignación en la comunidad educativa y entre los padres de familia.

El primer acusado, Alejandro Roberto Bello, identificado como cuñado del exjugador de Grandes Ligas Irvin Joel Guzmán, ha sido declarado prófugo tras salir del país junto a su familia. Guzmán, actualmente jugador de la Liga Japonesa de Béisbol, no ha emitido declaraciones al respecto.

El segundo implicado, Fernando Peña Eusebio, de 31 años y docente de inglés en el mismo centro educativo, decidió entregarse a las autoridades con la ayuda de sus familiares y representantes legales. Peña Eusebio enfrenta una orden de arresto, identificada como No. 2024-AJ0031530, en violación al artículo 396 de la Ley 136-03, que protege a menores de edad de abusos sexuales.

La situación ha alarmado a los padres de la zona, quienes expresan temor y desconfianza hacia los docentes del centro educativo. Aunque el director del distrito ha desestimado las acusaciones como "simples rumores", las familias exigen justicia y protección para sus hijos.

Por su parte, el Ministerio de Educación ha suspendido a cinco empleados del centro educativo como parte de las medidas iniciales. Hasta el mediodía del viernes, el Ministerio Público no había presentado la solicitud de medida de coerción contra Peña Eusebio.

Los familiares de la menor afectada demandan una investigación exhaustiva y que se actúe sin distinción por el estatus social de los implicados. La comunidad pide que este caso no se quede en el olvido y que se fortalezcan las políticas de protección infantil en el sistema educativo.

Este trágico suceso pone en evidencia una problemática que, según testimonios locales, no es aislada en el distrito educativo. La difusión de este caso busca sensibilizar sobre la importancia de crear entornos seguros para los estudiantes y fortalecer la confianza en las instituciones educativas.

Unidos por la Justicia
La comunidad espera que este caso sea un precedente para prevenir futuros abusos y garantizar el bienestar de los niños y niñas en el sistema educativo dominicano.