Abogados solicitan investigar 47 casos operativos policiales dominicanos
hace 8 horas
Santo Domingo, República Dominicana – Un grupo de siete abogados especializados en derecho penal, liderados por el reconocido jurista Carlos Balcácer, ha presentado una petición formal ante la Procuraduría General de la República solicitando la apertura de investigaciones sobre aproximadamente 47 casos vinculados a jóvenes durante diferentes operativos realizados por la Policía Nacional.
Los profesionales del derecho exigen que se lleve a cabo una investigación completamente independiente respecto a los procedimientos documentados entre el diecisiete de agosto y el veintiocho de septiembre del presente año. En paralelo, Balcácer ha manifestado su disposición a iniciar acciones legales en contra del director de la Policía Nacional en caso de no recibir una respuesta satisfactoria a su demanda.
La presentación formal de la solicitud se realizó mediante una conferencia de prensa celebrada en las instalaciones del Palacio de Justicia, espacio donde los abogados detallaron los aspectos fundamentales de la instancia que fue depositada ante el Ministerio Público. Durante este acto, los juristas explicaron punto por punto las razones que sustentan su petición de investigación exhaustiva.
De acuerdo con el análisis presentado por los abogados, diversos procedimientos policiales habrían sido clasificados inicialmente como actuaciones conforme a la ley o como enfrentamientos directos entre agentes y ciudadanos. Los juristas consideran indispensable que se determinen los hechos reales mediante investigaciones objetivas e independientes que permitan establecer qué sucedió específicamente en cada operativo registrado.
El colectivo de profesionales del derecho entiende que corresponde exclusivamente al Ministerio Público la responsabilidad de establecer las circunstancias precisas en que ocurrieron cada uno de los procedimientos y, posteriormente, determinar si existen responsabilidades penales que puedan ser atribuibles a agentes de la Policía Nacional o a cualquier funcionario público que haya participado en estas operaciones.
Carlos Balcácer, al presentar los argumentos jurídicos de la solicitud, dirigió sus señalamientos hacia el mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quien actualmente desempeña el cargo de director de la Policía Nacional. El abogado indicó que estas son las autoridades hacia las cuales se dirigirían las posibles acciones legales en caso de que la petición no reciba respuesta adecuada por parte de las autoridades correspondientes.
El planteamiento jurídico presentado por el grupo de abogados incluye referencias específicas al párrafo primero del artículo tres del nuevo Código Penal vigente en la República Dominicana, particularmente en lo concerniente a la inducción como figura delictiva. Esta referencia legal forma parte fundamental de los argumentos que sustentan la solicitud de investigación que ha sido depositada ante el ente fiscal.
La acción de estos profesionales del derecho representa un llamado formal a las autoridades competentes para que actúen con celeridad y transparencia en el esclarecimiento de los hechos relacionados con los operativos policiales. Los abogados enfatizan la importancia de que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos durante la ejecución de procedimientos de seguridad pública.
Las autoridades de seguridad han mantenido que los operativos realizados responden a estrategias de combate a la criminalidad en diferentes sectores del territorio nacional. Sin embargo, los juristas demandan que cada procedimiento sea analizado individualmente para determinar si se ajustó a los protocolos establecidos y a la legislación vigente en materia de uso de la fuerza.
Este caso reviste particular importancia en el contexto actual de la República Dominicana, donde la seguridad pública continúa siendo uno de los temas de mayor interés para la sociedad civil y las instituciones encargadas de velar por el orden y la protección de los derechos ciudadanos. La solicitud presentada por los abogados busca establecer un precedente de responsabilidad institucional.
La Procuraduría General de la República, en su función de guardiana de la legalidad y promotora de justicia, será la encargada de evaluar la petición y determinar los pasos a seguir en materia de investigación. Los abogados han establecido un plazo implícito para recibir respuesta, tras el cual considerarán ejercer acciones legales adicionales contra los funcionarios involucrados.
Las expectativas del gremio jurídico se centran en que se realice un trabajo investigativo riguroso que permita esclarecer los hechos y, en caso de identificarse irregularidades, se proceda conforme a lo establecido en la normativa penal dominicana. Este proceso será fundamental para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones encargadas de procurar justicia en la República Dominicana.
OTRAS NOTICIAS