Abogado Plantea Hasta 60 Años Prisión Caso Zeneida Castillo
hace 6 horas
Santo Domingo Este, República Dominicana – El abogado Cándido Simó, quien representa legalmente al reconocido merenguero Julián Oro Duro y a las víctimas vinculadas al caso de Zeneida Socorro Castillo, expresó que los cuatro procesados podrían llegar a enfrentar sanciones que acumulen hasta 60 años de privación de libertad. Estas penas estarían condicionadas a los cargos específicos que se demuestren en el desarrollo del procedimiento judicial.
El jurista ofreció estas declaraciones el viernes 25 de septiembre al comparecer ante la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, donde se contemplaba estudiar la solicitud de medida de coerción en contra de Lawrence Mark Liranzo Marcos, identificado como "Chiquito"; Phillips Michael Tejeda Vásquez; Juan Carlos Hernández García, conocido por "Peñ@", y Kevin Dariel Germán Troncoso, alias "Yandel".
Durante su intervención en los juzgados, Simó enfatizó que cualquier sentencia condenatoria dependerá completamente de los tipos penales que finalmente sean establecidos ante el tribunal competente. Asimismo, solicitó que la tramitación del caso se conduzca mediante una acusación que sea clara, objetiva y respaldada por elementos de prueba sólidos.
Análisis jurídico sobre penas posibles
Conforme a la interpretación del derecho penal dominicano presentada por Simó, ciertos ilícitos que podrían ser considerados por el Ministerio Público se encuentran tipificados con sanciones considerablemente severas bajo la legislación nacional vigente. El letrado argumentó que, en caso de comprobarse la existencia de circunstancias que agraven la conducta desplegada por los imputados, las condenas podrían extenderse a varias décadas bajo régimen carcelario.
El representante de las víctimas subrayó la importancia de que el procedimiento se tramite respetando escrupulosamente las garantías procesales tanto de los acusados como de los perjudicados en el caso. De igual manera, instó a que se evite incorporar acusaciones que carezcan de fundamentación probatoria suficiente o que no puedan ser comprobadas durante el juicio oral.
Simó enfatizó que el sistema de justicia dominicano requiere que cada acusación sea presentada con precisión técnica y acompañada de evidencias concretas que permitan al tribunal llegar a conclusiones definitivas respecto a la culpabilidad o inocencia de los procesados. El jurista consideró que este enfoque garantiza un proceso equitativo y conforme a los parámetros internacionales de debido proceso legal.
La defensa legal señaló que los cargos contemplados en la investigación podrían incluir varias categorías delictivas, cada una con sus respectivas sanciones establecidas en el Código Penal dominicano. Según las normas vigentes, la acumulación de estas penas podría efectivamente alcanzar los 60 años de reclusión que fue mencionado por el abogado durante sus declaraciones ante los medios de comunicación.
Procedimiento judicial en desarrollo
La audiencia celebrada en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este representa una fase crucial en la tramitación del expediente. Durante estas diligencias, se esperaba que la autoridad competente determinara si los cuatro acusados permanecerían sujetos a medida de coerción, ya fuese encarcelación preventiva u otras alternativas establecidas por la ley.
El abogado Cándido Simó manifestó su confianza en que el tribunal actuaría con la debida diligencia y profesionalismo necesarios para garantizar que se esclarezcan plenamente los hechos vinculados al caso que involucra a Zeneida Socorro Castillo y al merenguero Julián Oro Duro. Enfatizó que la búsqueda de la verdad debe ser el objetivo central de todo el proceso judicial.
Según información disponible, el caso ha generado considerable interés en la opinión pública dominicana debido a la visibilidad mediática de algunas de las personas implicadas. Sin embargo, Simó llamó a que se respete la presunción de inocencia de los procesados mientras se continúa con la investigación correspondiente.
El jurista también reiteró su compromiso con las víctimas del caso, asegurando que perseguirá activamente la búsqueda de justicia a través de todos los mecanismos disponibles dentro del ordenamiento jurídico dominicano. Indicó que continuará presentando argumentos técnicos y probatorios ante el tribunal para sustentar las acusaciones en contra de los cuatro imputados.
Expectativas en torno a las medidas de coerción
La solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público constituye un momento determinante en el proceso. Esta diligencia permitirá que el tribunal evalúe si existe base suficiente para presumir que los acusados han participado en la comisión de los delitos atribuidos, así como para determinar si representan un riesgo potencial para la sociedad o un peligro de fuga.
Los abogados defensores de los cuatro acusados también tuvieron la oportunidad de presentar sus argumentos durante la audiencia celebrada el viernes. Estos letrados probablemente solicitaron medidas menos restrictivas o la libertad de sus representados bajo ciertas condiciones.
El tribunal, mediante resolución que será emitida en los próximos días, determinará las medidas que aplicarán a Lawrence Mark Liranzo Marcos, Phillips Michael Tejeda Vásquez, Juan Carlos Hernández García y Kevin Dariel Germán Troncoso durante la tramitación del caso. Esta decisión será fundamental para el desarrollo posterior de la investigación y el procedimiento penal.
La comunidad jurídica dominicana mantiene sus ojos sobre este proceso, considerándolo como un indicador del funcionamiento del sistema de justicia y su capacidad para resolver casos de envergadura mediática. Los resultados de esta investigación podrían establecer precedentes importantes para futuros procedimientos similares en el país.
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